BADAJOZ, 31 de octubre. En el día de hoy, finalizó el juicio sobre la trágica muerte de la educadora social Belén Cortés, quien habría sido asesinada por tres menores a los que atendía en un piso tutelado en Badajoz. El tribunal ha decidido dejar el caso visto para sentencia después de tres intensas jornadas a puerta cerrada en el Juzgado de Menores de la capital pacense.

Durante el proceso, el abogado Raúl Montaño, que actúa en representación de la familia de la víctima, ha ajustado su postura inicial acerca de las responsabilidades penales de los menores implicados. Según Montaño, después de evaluar las pruebas presentadas, se ha alineado con la Fiscalía y ha argumentado que dos de los menores actuaron como autores del homicidio y el tercero como cómplice. A todas luces, solicita una pena de seis años de internamiento en régimen cerrado, que varía dependiendo de la edad de los menores al momento de los hechos.

En declaraciones a medios de comunicación, Montaño explicó que, a la luz de las sesiones de prueba, decidieron modificar la acusación respecto a la autoría de uno de los menores implicados, sugiriendo que la pena solicitada para la menor de 17 años se ha reducido a seis años. La Fiscalía, por su parte, ha solicitado una pena de cinco años para esta menor.

Sobre el tipo de delito en cuestión, Montaño subrayó que la acusación particular sostiene que se trata de un asesinato. Mientras los dos menores considerados autores enfrentan una petición de seis años, el enfoque en la participación de los menores ha sido ajustado de acuerdo a su rol en el acto delictivo, donde se contempla un homicidio agravado.

El abogado también abordó la cuestión de la responsabilidad civil, señalando que la Junta de Extremadura debería ser la única responsable en este caso. Montaño estima que la indemnización solicitada se aproxima a los 600,000 euros, aunque ha añadido que la Junta rechaza la idea de ser considerada responsable directa, sugiriendo que cualquier posible compensación debería ser reducida.

La defensa de uno de los menores, llevada a cabo por el abogado José Duarte, ha insistido en la absolución de su cliente en relación al homicidio, argumentando que la evidencia presentada durante el juicio no ha demostrado su responsabilidad en los hechos.

En su intervención, Duarte también manifestó una profunda preocupación por la gestión de la situación por parte de la Administración, indicando que estos incidentes podrían haberse evitado. Según su perspectiva, la Junta tiene el deber de proteger los intereses de los menores y no han dado respuesta a las denuncias y solicitudes de ayuda que se habían presentado anteriormente.

Fernando Cumbres, abogado del padre de uno de los menores, abordó la responsabilidad civil y pidió que los padres no fueran considerados responsables, ya que ellos habían cumplido con su deber de informar sobre los riesgos asociados con la situación de sus hijos. Cumbres enfatizó que la responsabilidad debía recaer sobre la Junta de Extremadura y la empresa a la que esta delegó la gestión, con el objetivo de garantizar que se tomen las medidas necesarias para evitar que incidentes tan desafortunados se repitan en el futuro.

Según Cumbres, la situación expone la apremiante necesidad de reformar los protocolos de seguridad que rigen el cuidado de menores bajo tutela. Criticó la respuesta presentada por la Junta, que parecía más un intento de justificación que de proactividad para abordar el problema. Al final, Cumbres concluyó que la falta de acciones concretas y efectivas por parte de las autoridades es lo que ha conducido a este trágico suceso y que deben asumir su parte de responsabilidad sin evasivas.