En un preocupante incidente que pone en tela de juicio la protección del patrimonio y la cultura, siete individuos han sido objeto de investigación por parte del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. Se les acusa de causar "daños agravados" en un valioso yacimiento arqueológico ubicado en la provincia de Cáceres, con pérdidas estimadas en más de seis millones de euros.

La pesquisa comenzó en febrero de 2025 tras la solicitud de la Fiscalía Provincial de Cáceres, que pidió a los agentes del Seprona revisar los posibles daños generados durante labores de remoción de terreno en una propiedad dentro del municipio de Casas de Don Antonio. Estos trabajos ponían en riesgo la integridad de la servidumbre arqueológica en una zona de significativa importancia histórica.

El área afectada, que forma parte de la Vía de la Plata, reconocida como Bien de Interés Cultural, se convirtió en objeto de preocupación después de que un agente del Medio Natural de la Junta de Extremadura denunciara la situación. Ante esto, los inspectores de Seprona se trasladaron para llevar a cabo una evaluación técnica de la zona.

Durante su inspección, los agentes observaron que se habían realizado movimientos de tierra con maquinaria pesada dentro de los límites del yacimiento. Las actividades incluían nivelación y la excavación de zanjas con el objetivo de transformar el uso del terreno para el cultivo intensivo de olivos, según el informe de la Guardia Civil.

Las investigaciones revelaron que estas operaciones habían dañado gravemente la ubicación arqueológica, que abarca unos 25,356 metros cuadrados llenos de vestigios antiguos. Entre los hallazgos se incluyen fragmentos cerámicos, restos de molinos y herramientas de construcción, además de piezas de cerámica romana, todas alteradas significativamente por el uso de maquinaria en la zona.

El uso excesivo de maquinaria en el área también tuvo consecuencias negativas para el arroyo local conocido como 'Arroyo de las Zorreras', alterando su curso original y afectando más de 500 metros de su cauce natural, lo que levantó serias alarmas sobre el impacto ambiental de los trabajos realizados.

La Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, a través de su Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, emitió un informe que critica la falta de control en las actividades realizadas, subrayando que no se llevó a cabo la autorización necesaria y que no hubo seguimiento arqueológico durante el trabajo. Esto resultó en la destrucción de información valiosa y evidenció graves infracciones.

A raíz de todo ello, las obras han sido detenidas por orden de las autoridades competentes. La Policía ha enviado las diligencias correspondientes al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Cáceres, donde se investigan los delitos relacionados con la protección del patrimonio histórico y los daños ocasionados por imprudencia de los presuntos responsables.