MÉRIDA, 16 Dic.

La Plataforma de Apoyo a las Personas Migrantes en Extremadura ha denunciado este sábado la violación de los derechos humanos de las personas acogidas en el centro del polígono el Prado de Mérida. Estas personas están sufriendo condiciones extremas de frío y se enfrentan a situaciones de indefensión jurídica.

Según miembros de la plataforma, "muchas de las personas acogidas" han expresado su sentir de frío en este centro dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Además, lamentan que la entidad encargada de gestionar el recurso, Cruz Roja, no solo no proporciona los abrigos necesarios, sino que también rechaza las ofertas de ropa de abrigo y calzado de invierno que han realizado.

Asimismo, la plataforma informa que algunos de estos migrantes se encuentran en una situación de "gran indefensión jurídica" porque reciben información verbal y escrita en otros idiomas, que acaban firmando sin entender su contenido.

A estas dificultades se añaden los obstáculos para solicitar Protección Internacional. Según la plataforma, los responsables del centro no suelen atender las peticiones de ayuda para ejercer este derecho y el negociado de extranjería en Mérida responde con un requisito de presentar pasaporte y estar empadronado, que no está contemplado en ninguna ley. Esto dificulta o impide el acceso al procedimiento para la mayoría de los acogidos, muchos de los cuales no llegaron con pasaporte y excluye a las personas apátridas.

Esta situación afecta gravemente la "vulnerabilidad" de estas personas, ya que no logran obtener una cita para solicitar Protección Internacional y son informados con frecuencia por la entidad que gestiona el dispositivo de que pronto deben abandonarlo, quedando sin hogar.

En cambio, miembros de la plataforma aseguran que cada vez más personas migrantes acogidas en este centro están obteniendo asistencia jurídica gratuita gracias a un servicio de emergencia activado por el Colegio de Abogados de Badajoz.

La plataforma también ha detectado un aumento en los casos de migrantes que alegan ser menores de edad y que, en muchos casos, portan documentación que lo confirma, como certificados de nacimiento o pasaportes.

Ante esto, la plataforma recuerda que cuando alguien declara ser menor de edad, debe ser trasladado de inmediato a un centro específico para menores, donde permanecerá hasta que se realicen las pruebas correspondientes para verificar su edad.

"Si el menor llega y dice que es menor, aunque tenga barba con canas se le hace la prueba, pero antes se le protege y tutela", ha enfatizado la activista Marisa Prudencio, quien considera que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está actuando fuera de la ley.

Prudencio ha expresado su temor de que algunas de las personas acogidas, incluyendo menores, fueran expulsadas el día 17. Sin embargo, ha informado de que se les ha comunicado que eso finalmente no sucederá.

Por otro lado, la activista ha señalado que para aquellos considerados "especialmente vulnerables", es decir, las personas que no tienen un lugar para ser acogidas, el período inicial de un mes que tienen para permanecer en el centro desde su llegada a Canarias se puede ampliar en dos meses, durante los cuales pueden solicitar protección.