MADRID/MÉRIDA, 6 Oct. - Durante el segundo trimestre de 2023, se registraron en Extremadura un total de 80 lanzamientos practicados por los juzgados de Primera Instancia e Instrucción, lo que representa una disminución del 28,6% en comparación con el mismo período del año anterior (-32,7% a nivel nacional).
El 67,5% de estos lanzamientos se derivó de procedimientos relacionados con la ley de arrendamientos urbanos, mientras que el 31,3% fue consecuencia de ejecuciones hipotecarias y el 1,3% se debió a otras causas.
En relación con los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias, se observó un aumento interanual del 47,1%, mientras que los derivados de la ley de arrendamientos urbanos experimentaron una disminución del 41,3% en comparación con el segundo trimestre de 2022.
Es importante tener en cuenta que existen lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, pero esto no implica necesariamente que estos servicios los hayan ejecutado. Además, cabe destacar que este servicio no está disponible en todos los partidos judiciales, por lo que los datos permiten medir la evolución pero no indican los valores absolutos.
En el segundo trimestre de 2023, se solicitaron 70 lanzamientos a los servicios comunes en Extremadura, lo que representa un descenso del 36,9% en comparación con el mismo período del año anterior (-21,1% a nivel nacional). De estos, 24 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa una disminución interanual del 69,6% (-32% en España).
En cuanto a los concursos presentados, durante el segundo trimestre de 2023 se registraron un total de 221 en los Juzgados extremeños, lo que representa un aumento del 198,6% en comparación con el año anterior (107,1% a nivel nacional). El 78,3% de estos concursos correspondieron a personas físicas no empresarias, mientras que el 21,7% se registró en los juzgados de lo Mercantil por empresas.
En el ámbito laboral, las demandas por despido aumentaron un 6,5% en Extremadura durante el segundo trimestre de 2023 (18,3% a nivel nacional), alcanzando un total de 458 demandas. Además, las demandas por reclamaciones de cantidad en los Juzgados de lo Social fueron un 13,8% más que las presentadas en el segundo trimestre de 2022 (16,6% en España).
En cuanto a los procedimientos monitorios, se presentaron un total de 5.630 en Extremadura durante el segundo trimestre de 2023, lo que representa un aumento anual del 35,1% (36,7% a nivel nacional).
Por otro lado, se registraron en Extremadura 907 demandas referidas a las cláusulas suelo en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario fue una persona física, lo que representa un aumento del 51,9% en comparación con el año anterior (2,5% en España). También se presentaron 13 demandas por ocupación ilegal de viviendas, un 18,2% más en tasa interanual.
A nivel nacional, el número de lanzamientos practicados durante el segundo trimestre de 2023 experimentó un descenso interanual del 32,7%, alcanzando un total de 7.279, según datos del Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Del total de lanzamientos, el 72,9% se derivaron de procedimientos de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que el 20,6% se debió a ejecuciones hipotecarias y el 6,5% a otras causas.
En cuanto a los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias, se observó una disminución interanual del 37%, mientras que los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos se redujeron en un 32,6% y los derivados de otras causas disminuyeron un 16,2%.
En Cataluña se practicaron un total de 2.274 lanzamientos, lo que representa el 31,2% del total nacional durante el segundo trimestre de 2023. Le siguieron la Comunidad Valenciana con 1.090 lanzamientos, Andalucía con 1.051 y Madrid con 561.
Atendiendo únicamente a los lanzamientos derivados de procedimientos de la Ley de Arrendamientos Urbanos, Cataluña también encabezó la lista con 1.621 lanzamientos, seguida de la Comunidad Valenciana con 803, Andalucía con 658 y Madrid con 492.
En cuanto a los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias, Cataluña también se situó en el primer lugar con 415 lanzamientos, seguida de cerca por Andalucía con 316 y la Comunidad Valenciana con 251.
El informe también hace mención al número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, pero advierte que este servicio no está disponible en todos los partidos judiciales, por lo que los datos permiten medir la evolución pero no indican los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado a este servicio no implica necesariamente que se haya ejecutado.
En el segundo trimestre de 2023, se solicitaron en total 13.516 lanzamientos a los servicios comunes, lo que representa un descenso del 21,1% en comparación con el mismo trimestre del año anterior. De estos, 6.248 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa una disminución interanual del 32%.
El informe también revela que se presentaron 5.161 ejecuciones hipotecarias en España durante el segundo trimestre de 2023, lo que representa una disminución del 17,3% en comparación con el mismo período del año anterior.
Andalucía registró el mayor número de ejecuciones hipotecarias, con 1.064, lo que representa el 20,6% del total nacional. Le siguieron Cataluña con 1.027, la Comunidad Valenciana con 821 y Madrid con 567.
Por otro lado, el informe señala que durante el segundo trimestre de 2023 ingresaron en los juzgados españoles especializados un total de 21.522 asuntos relacionados con las cláusulas suelo, lo que representa un aumento del 2,5% en comparación con el mismo trimestre de 2022.
En total, se resolvieron 29.669 asuntos relacionados con las cláusulas suelo, lo que representa una disminución del 19,9%, y quedaron en tramitación 145.201 asuntos, lo que supuso una disminución del 21,7%.
Se dictaron un total de 24.624 sentencias, el 97,4% de las cuales fueron favorables para los demandantes.
En cuanto a los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, el informe muestra que en el segundo trimestre de 2023 se presentaron en el país un total de 797 asuntos de este tipo, lo que representa un aumento del 2,3% en comparación con el año anterior.
Cataluña fue la comunidad autónoma con el mayor número de demandas (195), que representaron el 24,5% del total nacional. Le siguieron la Comunidad Valenciana con 137 demandas, Andalucía con 130 y Castilla-La Mancha y Madrid con 57 cada una.
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