Un grupo de aproximadamente 200 trabajadores de la Central Nuclear de Almaraz (CNA) se reunió este miércoles en Cáceres, frente al Palacio de Congresos, para demandar la continuidad de la planta, que enfrenta una programada desconexión de uno de sus reactores en 2027 y del otro en 2028. Los manifestantes abogan por abrir un diálogo entre el Gobierno y las empresas encargadas de la central, solicitando la prórroga de su autorización de explotación más allá de los plazos establecidos.

La protesta coincide con la 51ª Reunión Anual de la Sociedad Nuclear Española (SNE), que tiene lugar en la ciudad. Este evento reúne a defensores de la energía nuclear en España para discutir sus implicaciones y los desafíos que plantea la posible desconexión de la red. Los trabajadores consideran que su cita no es solo simbólica, sino crítica para el futuro económico y social de la región.

Borja Romero, presidente del Comité de Empresas de Almaraz, subrayó la urgencia de la situación, destacando que el cierre de la planta podría acarrear la pérdida de alrededor de 4.000 puestos de trabajo, incluyendo 1.000 empleos directos en Campo Arañuelo. “Estamos en un momento crucial, y el tiempo se agota para tomar medidas que eviten el cierre definitivo”, manifestó Romero con preocupación.

“La clausura de Almaraz significaría la muerte de las posibilidades de industrialización en nuestra región, que ya carece de alternativas viables”, declaró el presidente del comité durante la manifestación, enfatizando la necesidad de que la comunidad y los actores políticos actúen en defensa de la central.

Los trabajadores, con gritos de “¡Almaraz no se cierra!” y una pancarta que exigía “continuidad para Almaraz, Ascó y otros”, instaron a las empresas operadoras a solicitar la prórroga y exhortaron al Gobierno a negociar un futuro sostenible para la planta. Romero mencionó que la decisión crítica debe tomarse antes de marzo de 2026 y reveló un plan de movilizaciones a futuro para incrementar la visibilidad de su demanda.

Por su parte, las empresas dueñas de Almaraz (Iberdrola, Endesa y Naturgy) han solicitado una reunión con la ministra de Transición Ecológica, Sara Aegesen, para abordar la situación. Romero destacó que, a pesar de que las compañías están en la dirección correcta, es responsabilidad del Gobierno responder a sus solicitudes y facilitar el diálogo que garantice la continuidad de la planta.

Ante la falta de respuesta, el comité de empleados considera realizar concentraciones adicionales en Madrid y en otras localidades de Extremadura en los próximos meses, intensificando así su lucha para mantener la planta operativa.

Romero también leyó un comunicado donde expresa la gran “preocupación” por la incertidumbre laboral que encierra el cierre de Almaraz y la “catástrofe” económica que ello podría significar para la región. “Las empresas deben buscar la renovación de la autorización de explotación, asegurando así el futuro de este activo vital para la energía de España”, escribió en el documento que además solicita una apertura de diálogo entre todas las partes involucradas.

El comunicado también hace un llamado a la administración regional para que tome la iniciativa y sugiera soluciones que permitan mantener la operación de la central, que representa un 5% del PIB de Extremadura y proporciona miles de empleos en la zona.

En el contexto europeo, se recordó la reciente inclusión de la energía nuclear en las políticas verdes, lo que respalda la viabilidad de la actividad nuclear en la transición hacia energías más sostenibles. Este apoyo se está viendo en iniciativas en otros países que están alargando la vida útil de sus reactores y reconociendo su papel en la seguridad del suministro energético.

Los manifestantes subrayan que Almaraz no solo es crítico para la economía local, sino también para la estabilidad del sistema eléctrico español en su conjunto. “Su cierre comprometería nuestra capacidad para integrar energías renovables y poner en riesgo el desarrollo económico regional”, reflexionaron.

Además, los trabajadores hicieron hincapié en que la discusión sobre “la excepción nuclear catalana” que se está promoviendo desde el Gobierno central es un agravio para Extremadura, que a su juicio, sería severamente perjudicada por la clausura de su principal industria.

“El impacto económico del cierre de Almaraz sería devastador y nos alejaría aún más de la competencia y el desarrollo. Este tipo de injusticia no puede ser tolerada”, concluyó el manifiesto, que refleja la determinación de los trabajadores de luchar por la supervivencia de su fuente de empleo clave. “Nos comprometemos a luchar con todas nuestras fuerzas para evitar el cierre de esta vital instalación para Extremadura”, finalizaron.