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Extremadura instará al Gobierno a eliminar la obligación de cotizar por prácticas formativas en empresas

Extremadura instará al Gobierno a eliminar la obligación de cotizar por prácticas formativas en empresas

La Junta de Extremadura ha solicitado al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes que anule la normativa que establece la obligatoriedad de la cotización a la Seguridad Social de los alumnos durante sus prácticas formativas en empresas.

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, presentará esta solicitud durante la Conferencia Sectorial de Educación, que se llevará a cabo de forma presencial este miércoles en Madrid.

Según informes de la Junta, esta iniciativa cuenta con el respaldo de al menos doce comunidades autónomas que, junto con Extremadura, han logrado que la conferencia tenga lugar de forma presencial y no telemática, como había propuesto el Ministerio dirigido por Pilar Alegría.

El motivo por el cual los consejeros de Educación han insistido en que esta reunión sea presencial es la "importancia de los temas que se van a abordar", en particular la normativa que entraría en vigencia el 1 de enero de 2024, que requiere la cotización de la formación práctica de los alumnos en empresas.

El Gobierno señala que esta medida afectaría principalmente a los estudiantes de Formación Profesional, ya que representan el grupo más numeroso de alumnos que realizan prácticas en empresas. En Extremadura, en este curso académico 2023-2024, hay 22.694 estudiantes en modalidad presencial y a distancia.

Específicamente, la petición que apoyará Extremadura es la retirada de la disposición adicional número 52 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que trata sobre la inclusión en el sistema de la Seguridad Social de alumnos que realizan prácticas formativas o prácticas académicas externas como parte de programas de formación.

Se espera que esta disposición entre en vigor el 1 de enero de 2024, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212 del Real Decreto-Ley 5/2023, de 28 de junio.

En este sentido, Extremadura argumentará que esta medida propuesta "parte del concepto erróneo de considerar a los alumnos como trabajadores y no está respaldada por un estudio económico ni por tablas de costos de referencia", tampoco cuenta con el apoyo técnico necesario para su gestión, ni con la colaboración para la gestión de altas y bajas.

En definitiva, forma parte de un conjunto de medidas que no son educativas y que la Administración educativa no tiene los recursos ni el personal especializado para implementar, así como las empresas, que no tienen la obligación de colaborar y pueden decidir no participar en el proceso, perjudicando así el sistema dual a corto plazo, según señala el Gobierno regional.

Para la consejera María Mercedes Vaquera, estas medidas pueden disuadir a las empresas de recibir a estudiantes para realizar sus prácticas en sus negocios y considera que se han tomado de forma urgente, sin consenso y sin consultar a los profesionales de la educación y a la comunidad educativa.

En el orden del día de la Conferencia Sectorial de Educación también se tratarán otros asuntos, como el acuerdo sobre los criterios de distribución y reparto de los créditos resultantes de los programas de cooperación territorial de 2023, la ampliación del plazo de ejecución del programa de cooperación territorial para mejorar la competencia digital educativa, y la distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por las comunidades autónomas destinados al redimensionamiento de la oferta de Formación Profesional del Plan de Modernización de la FP en 2023.