MÉRIDA, 29 de octubre.

La Junta de Extremadura ha expresado su seria inquietud y firme desacuerdo con el borrador del Real Decreto que desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, específicamente en lo que respecta al registro de jornada, el cual se encuentra en proceso de tramitación urgente por parte del Gobierno central.

En este contexto, la Junta ha instado al Ejecutivo central a detener este proceso acelerado y a iniciar un diálogo auténtico con las comunidades autónomas y los distintos agentes sociales del país.

Asimismo, la administración extremeña propone que se lleve a cabo un análisis exhaustivo sobre el impacto económico y las cargas administrativas, siguiendo lo indicado en la Guía Metodológica de la MAIN. Además, sugiere modificar la fecha de implementación de la nueva normativa al 2 de enero o al 1 de julio, en línea con lo que establece la Ley 50/1997, para garantizar una transición adecuada tanto técnica como operativa.

Por otra parte, la Junta reclama apoyo financiero específico para pymes y trabajadores autónomos, a través de los Presupuestos Generales del Estado, que permita una adopción efectiva del nuevo sistema de registro digital.

El Gobierno extremeño reitera su compromiso con la mejora de las condiciones laborales, la conciliación familiar y la lucha contra la precariedad. Sin embargo, advierte que no respaldará medidas que, bajo la idea de modernización, perjudiquen a los sectores más vulnerables y amenacen la estructura productiva de la región. Insisten en que el Ejecutivo debe reconsiderar este anteproyecto y colaborar con las comunidades autónomas para crear una regulación que sea justa, viable y ajustada a la realidad empresarial local.

En un comunicado, la Junta lamenta que este anteproyecto no aborde las verdaderas necesidades del tejido empresarial extremeño, que se caracteriza por un alto número de microempresas y autónomos, al imponer obligaciones técnicas y administrativas que, a su juicio, son excesivas y dañinas para la competitividad y el empleo en la región.

El Ejecutivo regional también critica la falta de cumplimiento con las directrices normativas, así como la carencia de estudios económicos y presupuestarios que determinen el impacto real de esta iniciativa.

Adicionalmente, consideran que la tramitación urgente contraviene el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, ya que sustituye el proceso de negociación colectiva por un simple trámite de audiencia, lo que a juicio de la Junta menoscaba el derecho constitucional a la participación democrática.

El así denominado sistema de registro digital en tiempo real, con exigencias de interoperabilidad, trazabilidad, autenticidad y acceso remoto, se percibe como una carga tecnológica y financiera excesiva para muchas empresas en Extremadura, particularmente aquellas ubicadas en zonas rurales y menos digitalizadas.

Resaltan además que, según datos de la Asociación Española de Empresas de Consultoría, solo un 25% de las empresas en España poseen un nivel digital maduro, lo que agrava aún más la situación en Extremadura.