En Mérida, el 26 de noviembre, una decisión de la Comisión Jurídica de Extremadura ha dado un giro inesperado a la licitación del transporte sanitario terrestre en la región, al anular el proceso tras un recurso presentado por la Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias (ANEA). Este recurso cuestionó el pliego de condiciones que había sido elaborado por la administración autonómica.

La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, comunicó la resolución de la Comisión Jurídica en una rueda de prensa celebrada en Mérida. En su discurso, enfatizó que la Junta había "prometido y cumplido" al anunciar un nuevo pliego de licitación, a pesar de que el anterior podría extenderse hasta 2027, lo que había generado dudas sobre la necesidad de un cambio.

El nuevo pliego, presentado en septiembre, contemplaba un incremento de 26 millones de euros destinado a mejorar el servicio de transporte sanitario terrestre. Esto implicaba una "dotación histórica" de 466 ambulancias, que se esperaba abordara el problema de los retrasos que sufren los usuarios, así como una mejora en las condiciones laborales para los trabajadores, disminuyendo su carga horaria a 1.800 horas anuales.

Sin embargo, la decisión de la Comisión Jurídica ha llevado a que el pliego sea anulado, particularmente por la controversia en torno a la cláusula social que pretendía asegurar mejoras salariales para los trabajadores del sector. García Espada resaltó la necesidad de que la patronal y los sindicatos formalicen el preacuerdo anunciado durante el verano, para que se pueda alcanzar un convenio laboral que esté en sintonía con las exigencias de 2024, en lugar de mantener el vigente desde 2017.

La consejera también subrayó que actualmente existe una conflictividad laboral en el sector y reafirmó el compromiso de la administración de mejorar el servicio, asegurando condiciones laborales dignas para los trabajadores. A pesar de la anulación de la cláusula social, que había obtenido el visto bueno de los informes internos, se hace un llamado a los actores del sector para encontrar una solución consensuada.

García Espada aseguró a los ciudadanos que el servicio de transporte sanitario estará garantizado, al menos hasta 2027, invitando a la patronal y sindicatos a resolver la situación de manera rápida y efectiva, sin postergar más el asunto. "Necesitamos ese convenio", enfatizó, recordando que la administración ha hecho un esfuerzo significativo al incrementar la inversión y proponer la cláusula social para mejorar las condiciones de los trabajadores.

Ante preguntas de la prensa, la consejera explicó que el recurso presentado por la Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias tenía como núcleo la cláusula social, la cual fue anulada por la Comisión Jurídica. Esta última determinó que la cláusula, que preveía un aumento de hasta el 17 por ciento de los salarios de los trabajadores y una reducción de horas, no era aplicable dado que "no existe el convenio" que la sustente.

Por ello, García Espada exhortó nuevamente a la patronal y a los sindicatos a ratificar el preacuerdo y a evitar prolongar este conflicto. Recordó la disposición de la administración para implementar un incremento significativo y la dedicación invertida en el sector y en el bienestar de los usuarios.

En conclusión, la consejera declaró que el compromiso de la administración persiste y están listos para presentar un nuevo pliego siempre que haya un convenio que lo respalde, indicando que la posibilidad de avanzar estaba sobre la mesa, pero el recurso presentado por la Federación de Empresarios complicó la situación.

Cabe destacar que, según García Espada, aunque en otras regiones como Aragón no prosperó un recurso similar, la Comisión Jurídica de Extremadura ha considerado que las condiciones planteadas "no pueden ser objeto de contrato".