En Badajoz, la magistrada Beatriz Biedma, encargada del Juzgado de Instrucción número 3, ha tomado una decisión significativa al elevar una solicitud formal al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). El motivo de esta acción es determinar si el tribunal tiene la jurisdicción necesaria para analizar el caso del diputado Miguel Ángel Gallardo, ante los indicios de posible responsabilidad criminal que han surgido.

Según los documentos que ha solicitado a la Junta Electoral y a la Asamblea de Extremadura, Beatriz Biedma ha señalado que el 21 de mayo se otorgó oficialmente a Gallardo su credencial como diputado, justo un día antes de que se emitiera un auto que abría juicio oral en su contra. Esta coincidencia temporal ha despertado las alarmas en el proceso judicial.

La jueza destaca que el aspecto crucial no es simplemente cuándo se adquirió su estatus de aforado, sino cómo se procesó su entrada como diputado y los intereses que pudieron estar involucrados. En su análisis, Biedma subraya que la llegada de Gallardo a la Asamblea no se debió a la renuncia de su predecesor, sino que se produjeron renuncias coordinadas de cinco candidatos anteriores en la lista, lo que suscita serias interrogantes sobre la legalidad del proceso.

Esta situación, según Biedma, parece haber sido orquestada con el objetivo exclusivo de permitir que Gallardo asumiera su cargo de diputado y, por ende, pudiera acceder a la protección que otorga su nueva condición de aforado.

Para mayor información, se puede consultar Europa Press.