Martes, 15 de septiembre. La Junta de Extremadura y las compañías de transporte escolar no lograron alcanzar un entendimiento en la reunión del lunes, donde se expusieron múltiples demandas por parte de las empresas. El Ejecutivo regional ha calificado la actitud de estas como una "falta de voluntad" para llegar a un acuerdo, a pesar de que han estado dispuestos a aceptar las peticiones de los transportistas con la condición de que cumplan con las normativas legales.

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera, ofreció una rueda de prensa para informar sobre el estado de las conversaciones, destacando que el Gobierno de Extremadura persistirá en su disposición al diálogo y en su esfuerzo por encontrar una solución.

Vaquera detalló que el pasado viernes se llevó a cabo un encuentro entre funcionarios de la Consejería de Educación y las empresas objeto de controversia, con la intención de "terminar con esta complicado escenario". En esa reunión, las empresas trasladaron diversas solicitudes al Ejecutivo.

Entre las demandas planteadas, la consejera mencionó una solicitud para que la Consejería desistiera de la acusación particular contra las compañías y renunciara a apelar el fallo judicial que rechazó las medidas cautelares que requerían a las empresas proporcionar el servicio de transporte escolar.

Además, las empresas exigieron la asignación directa de las rutas vacantes a aquellas que ya habían estado operando el año anterior, incluso planteando un incremento en las tarifas de la categoría B, según indicó Vaquera.

La consejera enfatizó que la Junta de Extremadura ha estado abierta a negociar las exigencias, pero siempre bajo la premisa de que cualquier acuerdo debe estar respaldado por la ley. "Es realmente sorprendente que las empresas no se hayan comprometido considerando que todos los acuerdos deben adherirse a la legalidad", apuntó.

En este marco, Vaquera expresó su preocupación por la postura de las empresas, que parecen demandar compromisos al Gobierno que no son compatibles con la normativa vigente. "Esto revela una clara falta de interés por resolver la situación de manera definitiva", concluyó la consejera.

(Pronto habrá más información al respecto)