En Mérida, el 30 de octubre, la situación de las personas afectadas por Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) ha cobrado relevancia en la agenda pública. La Junta de Extremadura ha elevado una solicitud al Gobierno central para que las ayudas económicas otorgadas a estos pacientes sean declaradas exentas de tributación.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha tomado la iniciativa de dirigir una misiva a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que subraya la necesidad de que las ayudas de 2.000 euros, implementadas por la Junta, no se vean afectadas por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

En un comunicado oficial, el Ejecutivo extremeño ha recordado que, en 2023, se implementaron no solo estas ayudas económicas, sino también deducciones fiscales diseñadas específicamente para aliviar la carga fiscal sobre los beneficiarios. Entre estas medidas se encuentra una deducción de 2.000 euros por gastos relacionados y otra que busca neutralizar el efecto que estas ayudas pudieran tener en la declaración de la renta.

A pesar de estos esfuerzos, Manzano ha señalado que los pacientes aún deben incluir estas ayudas en su declaración de IRPF, lo que contradice el propósito inicial de aliviar su carga económica. “Es fundamental que entendamos que, aunque la Junta trabaja por el bienestar de estos individuos, el sistema fiscal actual no permite que estas ayudas sean consideradas exentas”, ha afirmado la consejera.

La modificación necesaria para conseguir esta exención depende del ámbito estatal. Según ha explicado Manzano, es imperativo que se revise la Ley 35/2006, para que estas ayudas puedan estar incluidas en el artículo 7, donde se especifican otras exenciones fiscales.

Ante esta situación, la consejería ha hecho un llamado a la acción, tanto desde la Consejería de Salud y Servicios Sociales como desde la de Hacienda, instando a las asociaciones que velan por los derechos de los pacientes de ELA para que el Gobierno tome cartas en el asunto y promueva los cambios legislativos urgentes que permitan la exención de estas ayudas.

“Estamos hablando de personas extremadamente vulnerables que enfrentan gastos prohibitivos debido a su enfermedad. Es una cuestión de justicia y equidad: estas ayudas no deberían ser gravadas en la declaración de la renta”, concluyó Manzano, enfatizando la urgencia de la reforma fiscal que respete los derechos de los pacientes y sus familias.