En Mérida, el 28 de noviembre, se ha confirmado que la **Junta de Extremadura** se dispone a gestionar la **aumento salarial del 2,5% acordado entre el Gobierno central y los sindicatos**. Esta medida beneficiará a aproximadamente **50.000 servidores públicos** en la región y se implementará tan pronto como el Consejo de Ministros dé luz verde a la propuesta, lo que supondrá una inyección de alrededor de **68 millones de euros** en las arcas del gobierno autonómico.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, **Elena Manzano**, ha expresado una valoración "positiva" en torno a la reciente disposición del Gobierno central para iniciar negociaciones acerca de esta subida salarial. Manzano ha hecho hincapié en que ha habido "meses de inacción y olvido" respecto a la valoración del trabajo que realizan los empleados del sector público. Como recordatorio, destacó que, aunque hay cierto progreso, la aprobación de esta medida aún debe pasar por el Consejo de Ministros y, posteriormente, por el Consejo de Gobierno regional.

A pesar de no poder ofrecer una fecha concreta para la implementación del nuevo salario, Manzano anticipó que el aumento representará un impacto financiero de **68 millones de euros** en la región, cifra que es **16 millones superior** a lo que ya se había contemplado en el presupuesto original con un incremento del 2%. Este aumento beneficiará a los trabajadores de acuerdo a sus salarios base individuales.

La consejera subrayó que el incremento se hará efectivo "tan pronto como" la medida sea oficialmente aprobada por el Consejo de Ministros, seguido por la correspondiente validación por parte del Consejo de Gobierno de la Junta. Su declaración tuvo lugar antes de su participación en el Foro 'Constitución y Estatuto de Autonomía', que se lleva a cabo en Mérida y es organizado por el periódico HOY.

En respuesta a preguntas sobre la reciente oposición en el Congreso a la hoja de ruta de estabilidad presupuestaria y deuda pública del Gobierno que abarca entre 2026 y 2028, Manzano no dudó en defender la postura de las comunidades autónomas, argumentando que la propuesta del Ejecutivo nacional respecto al reparto de recursos es "totalmente injusta".