El conflicto en el transporte escolar de Extremadura ha dado un nuevo giro, pues la Junta de Extremadura ha decidido apelar la reciente resolución de un tribunal en Mérida que negó las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno regional. Estas medidas buscaban obligar a varias empresas de transporte a retomar sus actividades en rutas escolares, en el marco de una denuncia penal por supuestos incumplimientos de un acuerdo establecido con el sector en 2024.

La portavoz del Ejecutivo autonómico, Elena Manzano, ofreció detalles durante una rueda de prensa, donde además reveló que el Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención de 0,26 euros por kilómetro destinada a las familias de los alumnos afectados por la suspensión del transporte. Esta ayuda está enfocada en mitigar el impacto económico que enfrentan los padres al recurrir a alternativas para llevar a sus hijos a la escuela.

Estas ayudas serán otorgadas de manera directa y estarán disponibles hasta que se restablezca de forma completa el servicio de transporte escolar en la región. A partir del 11 de septiembre y hasta el 19 del mismo mes, el único requisito para acceder a este apoyo es ser beneficiario del transporte escolar. En el periodo posterior, a partir del 22 de septiembre, se realizará una verificación automática de la asistencia a los centros educativos, según indicó Manzano.

Durante su intervención, la portavoz subrayó el compromiso del Gobierno regional para resolver la crisis del transporte escolar, afirmando que están abiertos a negociar con las empresas. Manzano aseguró que la Junta ha acogido todas las demandas planteadas por el sector que son respetuosas con la ley, en un intento de restablecer las rutas de transporte afectadas.

Sin embargo, la portavoz advirtió que esta situación se ha complicado debido a exigencias irrazonables por parte de algunas empresas. Estas no solo han solicitado que se les concedan rutas ya adjudicadas a otras, sino que han llegado a tratar esas rutas como de su propiedad, una postura que Manzano calificó de inaceptable.

Elena Manzano destacó que el Departamento de Educación ha explorado todas las opciones posibles, incluso contactando a empresas de otras regiones de España para garantizar el servicio. En su discurso, enfatizó que no se puede atribuir la crisis actual a una falta de recursos financieros, viendo la problemática más allá de un simple asunto económico.

“No somos responsables de esta situación”, reiteró Manzano, defendiendo las acciones de la Junta como parte de un proceso legal y administrativo. Explicó que, a pesar de las demandas legítimas de las empresas, los procedimientos establecidos deben ser respetados en todo momento.

Finalmente, la portavoz reafirmó el compromiso del Gobierno de Extremadura de defender “siempre” el derecho a la educación y la prestación de un servicio indispensable. Para ello, se utilizarán todas las herramientas judiciales y administrativas a su alcance en esta lucha.

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