En la ciudad de Mérida, La Unión, una organización agraria, ha exigido la creación de una comisión de investigación en la Asamblea de Extremadura para esclarecer la tramitación del proyecto de regadío de Tierra de Barros y para pedir responsabilidades políticas en caso de que sea necesario.

Desde el principio, tanto la Administración como los regantes afectados han estado invirtiendo grandes cantidades de fondos en este proyecto, pero hasta el momento "nadie sabe si realmente será viable en el futuro", afirmó Luis Cortés, secretario técnico de la organización agraria.

Según el proyecto, se había asignado un presupuesto de 41,53 millones de euros para el año 2023, pero las expropiaciones aún no se han pagado y no se tiene información sobre los gastos generados hasta la fecha.

No obstante, Cortés destacó que "muchos futuros regantes ya han realizado aportaciones para la constitución y funcionamiento de la Comunidad de Regantes, lo que aparentemente se traduce en dinero perdido".

La Unión Extremadura ha solicitado a los partidos políticos con representación en la Asamblea que se forme una comisión de investigación para esclarecer todos los detalles relacionados con este proyecto.

En particular, considera "fundamental" que los agricultores de la comarca y el resto de ciudadanos de la región conozcan qué ha sucedido, cuál es el futuro del proyecto actual, qué se ha hecho mal, qué gastos se han realizado que "no han servido para nada", y quiénes son los responsables técnicos y políticos de este proyecto, entre otros datos que han sido ocultados durante el proceso.

"No se puede jugar con la ilusión y expectativas de tantos futuros regantes, no se pueden tener paralizadas las nuevas concesiones de pozos en base a un proyecto de regadío que nunca se materializa, no se puede utilizar los intereses de los agricultores en una guerra entre partidos políticos", añadió Cortés.