En la jornada del 14 de enero, la consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones, Elena Manzano, alzó la voz en defensa de la financiación autonómica durante su paso por Madrid, donde participó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Manzano no dudó en calificar el reciente modelo de financiación presentado como un "mandato político" que perpetúa la "desigualdad" entre las distintas comunidades autónomas de España. Esta postura surge en un contexto donde Extremadura, según sus palabras, se ve directamente perjudicada, al no recibir ni un euro de los 21.000 millones destinados a otras regiones.

En sus declaraciones, enfatizó que este sistema no debe ser considerado un auténtico modelo de financiación autonómica. A su juicio, se ha convertido en un "acuerdo político" que responde a intereses particulares, evidentes en el caso de Cataluña, que recibe 4.700 millones de euros. Además, hizo hincapié en que, independientemente de la cifra, Andalucía siempre acaba recibiendo más, lo que asocia con las próximas elecciones en la región y con la necesidad de la vicepresidenta de asegurar un triunfo electoral.

Manzano también expresó su preocupación porque este modelo ignora las necesidades de aquellas comunidades que enfrentan problemas de despoblación. Subrayó que no se toma en cuenta el coste real de los servicios esenciales, lo que agrava aún más la situación de Extremadura, un territorio extenso que alberga a un millón de habitantes.

La consejera defendió que todos los extremeños tienen el mismo derecho a acceder a servicios sanitarios y educativos de calidad, comparable a los de comunidades como Madrid, Cataluña, Andalucía o Baleares. Este principio de equidad es fundamental, según su perspectiva.

Finalmente, insistió en que el diálogo sobre financiación autonómica debería centrarse en garantizar servicios públicos y no quedar relegado a un pacto político que carece de legitimidad, en referencia a la participación del líder de ERC, Oriol Junqueras, en las negociaciones. Manzano concluyó subrayando la necesidad urgente de abordar estos temas con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, desde una perspectiva que beneficie a todas las comunidades.