En la provincia de Cáceres, ocho personas han sido investigadas por la Guardia Civil por llevar a cabo actividades de caza furtiva en cuatro incidentes distintos.

En uno de estos casos, seis de los presuntos infractores estaban cazando con galgos sin tener los permisos necesarios o en áreas donde la caza está prohibida. Los otros dos individuos fueron sorprendidos cazando con rifles en un coto de caza mayor, y posteriormente fueron identificados y se les retiraron temporalmente las armas.

Específicamente, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Cáceres y el puesto de Valencia de Alcántara de la Guardia Civil llevaron a cabo estas cuatro intervenciones por separado contra la caza furtiva en la provincia.

La primera intervención tuvo lugar el 21 de octubre cuando los agentes del Seprona de la Comandancia de Cáceres tuvieron conocimiento de la presencia de dos hombres cazando con perros galgos en un coto de caza cerca de la ciudad de Cáceres. Una falta de documentación y permisos para cazar resultó en su investigación como presuntos autores de delitos contra la fauna y los animales domésticos.

En la segunda intervención, que ocurrió el 23 de noviembre, se encontraron a dos individuos cazando en un área prohibida en el municipio de Cáceres. Con la colaboración de agentes motorizados del Seprona de Trujillo, los presuntos infractores fueron localizados junto con los perros que llevaban.

La tercera intervención tuvo lugar el 25 de noviembre en los Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes, donde dos hombres fueron detectados cazando con galgos dentro de una zona de caza limitada cerrada. A pesar de intentar escapar hacia una finca colindante donde sí tenían permiso de caza, fueron identificados por los agentes y acusados de caza furtiva.

Simultáneamente, el 21 de noviembre, los agentes del puesto de Valencia de Alcántara recibieron informes de disparos ilegales en un coto de caza mayor. Actuaron de inmediato, identificaron a los presuntos autores y confiscaron las armas utilizadas ilegalmente.

Estas operaciones, aunque no están relacionadas entre sí, han resultado en la investigación de siete hombres y una mujer por delitos relacionados con la protección de la fauna y los animales domésticos, específicamente por caza furtiva. Los presuntos infractores ahora se enfrentan a sanciones que incluyen multas, inhabilitación para cazar y la pérdida del derecho de tenencia y porte de armas.