El 1 de diciembre en Mérida, la candidata de Unidas por Extremadura a la presidencia de la Junta, Irene de Miguel, ha manifestado su firme intención de establecer una nueva Consejería de Derechos Sociales si llega a ocupar el gobierno regional. Esta propuesta surge como respuesta a la situación crítica que enfrenta el sistema de atención a las personas mayores y a aquellas con discapacidad en la comunidad, que ha sido calificada como "deplorable".

En una reunión reciente con el grupo de Acción Social y Sindical, que representa a 13 colectivos dedicados a la promoción de los derechos sociales, De Miguel subrayó la urgencia de una reformulación profunda en este ámbito.

“La calidad de atención que reciben nuestros mayores y aquellas personas con discapacidad necesita mejorar considerablemente”, destacó la líder, enfatizando que “el bienestar social no puede depender únicamente de la agenda sanitaria”. Este compromiso fue recogido en un comunicado emitido por la coalición.

La candidata también se centró en la problemática laboral que enfrentan las trabajadoras del sector social, señalando que “casi la mitad de la población en Extremadura requiere cuidados”. Estas responsabilidades no deberían recaer sobre trabajadoras en condiciones precarias, muchas de ellas con contratos temporales y salarios insuficientes, afirmó con firmeza.

Con el objetivo de abordar estas cuestiones, Irene de Miguel propuso implementar un convenio marco que garantice las ratios adecuadas entre usuarios y profesionales, mejoras en las condiciones de seguridad y salarios dignos que reflejen el valor del trabajo que realizan. Esta iniciativa se considera vital, especialmente a raíz del trágico asesinato de Belén Cortés, que ha dejado una profunda huella en la sociedad extremeña.