En Mérida, la situación se torna crítica a medida que persiste el enfrentamiento entre la Junta de Extremadura y las empresas de transporte, dejando a cerca de 5.000 estudiantes sin la posibilidad de utilizar el autobús escolar por cuarto día consecutivo.

Desde el inicio del curso escolar el pasado jueves, un total de 223 rutas de transporte escolar continúan sin adjudicar, afectando principalmente a alumnos de áreas rurales y centros de educación especial, según han informado diversas organizaciones sindicales. Este caos en el transporte ha obligado a muchas familias a recurrir a sus propios vehículos, organizándose para compartir y llevar a varios niños a clase cada día.

Con esta problemática, muchos padres recibieron recientemente un mensaje a través de la plataforma Rayuela, donde se les notificaba sobre la implementación de un modelo de "enseñanza híbrida", que combina clases presenciales y virtuales, lanzado por la Consejería de Educación mientras se busca una solución al dilema del transporte escolar.

A pesar de las conversaciones sostenidas entre la Junta de Extremadura y las empresas responsables del transporte, la falta de acuerdo continúa. Una reunión celebrada el lunes no logró establecer un consenso, lo que dejó a muchos frustrados ante la falta de resultados concretos.

La consejera de Educación, Mercedes Vaquera, expresó su descontento por la "falta de disposición" de las empresas para llegar a un acuerdo, argumentando que estas están "bloqueando" la situación con ciertas exigencias, que aunque el gobierno regional está dispuesto a considerar, deben cumplir con la ley.

Vaquera enfatizó que la Junta ha agotado todas las posibles vías, tanto administrativas como judiciales, para asegurar un servicio fundamental para los estudiantes. Adicionalmente, advirtió que las empresas podrían enfrentar sanciones, cuyas consecuencias aún están por determinarse.

Ante esta situación, la consejera ha hecho un llamado a las empresas para que muestren empatía hacia las familias afectadas y continúen brindando un servicio esencial para las comunidades rurales, subrayando que no se trata de un conflicto con la administración, sino de la defensa de derechos fundamentales como la educación.

Finalmente, se anticipa que este martes se aprobará una ayuda económica de 0,26 euros por kilómetro para cada niño afectado, como un intento por aliviar la carga económica que las familias están enfrentando en medio de esta crisis.