El 23 de septiembre, el Tribunal Constitucional ha tomado una postura clara al rechazar de manera unánime el recurso presentado por la Junta de Extremadura, que cuestionaba la decisión del Tribunal Supremo de proceder con la demolición de la polémica 'Isla de Valdecañas'. Este proyecto urbanístico, que abarca 134,5 hectáreas, está ubicado en los municipios de El Gordo y Berrocalejo, en la provincia de Cáceres.

Según fuentes judiciales que han hablado con Europa Press, el Pleno del Tribunal Constitucional ha llegado a esta conclusión después de que en junio de 2023 se decidiera suspender de forma cautelar el proceso de demolición. En esa ocasión, la votación fue reñida, con seis magistrados a favor de la suspensión y cinco en contra, argumentando que el derribo podía considerarse prematuro dado que no existía un riesgo inminente.

El Tribunal ha decidido no solo suspender la ejecución de la orden del Supremo, sino también desestimar el fondo del recurso presentado por la Junta, señalando que demoler lo ya construido provocaría “perjuicios económicos difícilmente reparables” y afectaría de manera irreversible las condiciones jurídicas derivadas del proyecto.

La controversia comenzó en noviembre de 2022, cuando el Tribunal Constitucional aceptó revisar los recursos interpuestos en contra de la sentencia del Tribunal Supremo, que había dictado a favor de Ecologistas en Acción-CODA. Dicha sentencia exigía la demolición total del complejo urbanístico, generando un amplio debate sobre la legalidad y el impacto ambiental del proyecto.

Desde entonces, el Tribunal ha mostrado una división interna significativa. Durante la admisión a trámite del caso, cinco de los once magistrados realizaron votos particulares, mostrando su desacuerdo con la decisión de continuar con el procedimiento, lo que evidenció las tensiones entre enfoques conservadores y progresistas dentro del propio tribunal.

El conflicto legal remonta a 2011, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura invalidó la autorización otorgada por la Junta para la construcción de la 'Isla de Valdecañas', ordenando que los terrenos volviesen a su estado original. Aunque el Tribunal Supremo respaldó esta decisión, en 2021 el tribunal extremeño se declaró incapaz de llevar a cabo la demolición completa, proponiendo realizarla solo de forma parcial y conservar las infraestructuras ya edificadas, incluyendo un hotel y viviendas.

A pesar de este intento de conciliación, en 2022 el Tribunal Supremo dio un giro al exigir la demolición de todas las construcciones, medida que ahora están impugnando la Junta de Extremadura, diversos ayuntamientos y la comunidad de propietarios afectada, en un caso que sigue generando controversia y numerosas repercusiones legales y sociales.