En la actualidad, la situación de las pensiones en la comunidad autónoma de Extremadura ha evidenciado algunas dinámicas preocupantes. Según los últimos datos disponibles, a 1 de septiembre de 2025, la región cuenta con 245.049 pensiones, lo que representa un incremento del 2,11 por ciento en comparación con el año anterior. Sin embargo, a pesar de este crecimiento, la cuantía media de estas prestaciones se sitúa en 1.111 euros, una cifra que no solo es la más baja del país, sino que también pone de manifiesto las desigualdades en el sistema de pensiones, ya que su aumento del 5,09 por ciento, aunque significativo, no es suficiente para equipararse a otras comunidades.

Desglosando las cifras, encontramos que hay 143.516 pensiones de jubilación que alcanzan una media de 1.276,52 euros; 59.043 pensiones de viudedad con un promedio de 855,45 euros; 31.075 recibidas por incapacidad permanente que ascienden a 1.037,11 euros; 9.227 pensiones de orfandad que se sitúan en 520,10 euros, y 2.188 pensiones a favor de familiares con un promedio de 691,66 euros. Estos números revelan no solo la disparidad en las cantidades que reciben los pensionistas, sino también la dificultad que enfrentan muchos de ellos en la consecución de una vida digna.

Un dato que merece especial atención es que 91.955 pensiones cuentan con complementos a mínimos, lo que representa un alarmante 37,5 por ciento del total de pensiones en la región. Esta cifra se eleva hasta el 44 por ciento en el caso de las mujeres, evidenciando las profundas desigualdades de género que persisten en el sistema, mientras que para los hombres este porcentaje desciende al 31,4 por ciento, reflejando una vez más la vulnerabilidad de las mujeres jubiladas en una sociedad que aún arrastra inequidades significativas.

La distribución del total de pensionistas en Extremadura también es notable: hay 105.385 mujeres y 122.298 hombres, una composición que resalta la necesidad urgente de abordar las diferencias en el acceso a pensiones justas y equitativas. Con estos datos, se hace evidente que la lucha por unas pensiones dignas debe continuar, y que es fundamental implementar políticas que aseguren una mayor equidad en la distribución de estos recursos.

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