En Mérida, a 2 de octubre, la Junta de Extremadura ha comenzado un proceso crucial de diálogo con diversas formaciones políticas con el fin de avanzar en la aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma (PGEx) para el año 2026.

En este primer encuentro, estarán presentes el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, junto a la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano. Los grupos parlamentarios que han confirmado su asistencia son el PSOE, PP, Vox y Unidas por Extremadura, marcando una importante oportunidad para negociar y discutir las prioridades económicas de la región.

Las reuniones se llevarán a cabo en la sede de la Presidencia de la Junta, con un horario programado que arranca a las 08:30 con Unidas por Extremadura. A las 09:15 será el turno de Vox, seguido por el PSOE a las 10:00 y cerrando con el PP a las 10:45.

Una vez concluidas estas reuniones, el equipo de gobierno se reunirá con la prensa, así como los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, para proporcionar información sobre los avances y las conclusiones alcanzadas.

Es relevante señalar que este ciclo de reuniones bilaterales se lleva a cabo tras la reunión conjunta que tuvo lugar el lunes anterior, donde la presidenta de la Junta, María Guardiola, se reunió con representantes del PSOE, PP y Unidas por Extremadura, aunque Vox se ausentó. Este encuentro buscaba sentar las bases para el debate de los nuevos presupuestos para 2026.

Durante aquella reunión, la presidenta planteó una advertencia seria: si no se lograba alcanzar un acuerdo sobre los presupuestos, podría verse obligada a convocar elecciones anticipadas para evitar un estancamiento en el desarrollo de la comunidad autónoma.

Adicionalmente, Guardiola presentó su propuesta de reforma del reglamento de la Asamblea de Extremadura, que fue registrada el martes. Este cambio tiene como objetivo asegurar que las legislaturas se extiendan por cuatro años completos, incluso en casos de elecciones anticipadas, lo que permitiría evitar la repetición de procesos electorales en años consecutivos.