Menos papeles y menos esperas: así quiere cambiar la Junta los trámites en Extremadura
La Junta prepara una ley para reducir trámites en Extremadura: menos documentos, menos tiempo y consultas de datos ya existentes. Audiencia pública prevista.
Pedir una ayuda, conseguir una autorización o abrir un negocio en Extremadura podría requerir, según la Junta, «menos documentos, menos tiempo y menos trámites». Es el objetivo de la nueva Ley de Simplificación Administrativa Inteligente que el Gobierno autonómico, liderado por María Guardiola, sigue elaborando desde la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital.
La idea es reducir las trabas burocráticas y eliminar gestiones innecesarias en la relación de ciudadanos y empresas con la Administración autonómica. Según el comunicado de la Junta, la norma trasladará al conjunto de la Administración los avances de los dos últimos años en simplificación y digitalización.
Los datos que ya ofrece el Plan de Simplificación Administrativa Digital son concretos: de los 119 procesos ya completados, la simplificación habría reducido una media del 50% de la documentación requerida, un 41% de los datos solicitados y un 42% el tiempo de gestión manual. El balance de octubre de 2026 recoge 768 trámites digitales. Además, según el informe CAE 2025 del Ministerio de Transformación Digital, la disponibilidad en línea de los principales trámites pasó del 45% en 2023 al 91% en 2025, «por encima del 88% de media europea».
¿Qué supone esto en la práctica? Uno de los objetivos es que la Junta pueda consultar datos que ya tiene en su poder, para que no tengas que volver a presentarlos. En el caso de las empresas, se promoverá el uso de declaraciones responsables para iniciar actividades cuando la normativa y el nivel de riesgo lo permitan, sin esperar una autorización previa y manteniendo los controles posteriores. En las ayudas y subvenciones, se plantea reducir la documentación exigida y simplificar solicitudes y justificaciones. La propuesta también amplía los supuestos en los que el silencio administrativo podría tener efectos estimatorios, dentro de los límites legales.
Para quien tiene que hacer trámites, la diferencia sería menos papeleo y menos esperas. Para que esto ocurra, la Junta prevé medir los tiempos de tramitación, las esperas y los costes administrativos, y establecer responsables de simplificación con mecanismos de seguimiento.
El proceso sigue abierto. La Junta ya se ha reunido con más de 100 representantes empresariales, profesionales y sociales, entre ellos la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar, la CREEX, el CIEM y las cámaras de comercio de Cáceres y Badajoz. El texto se someterá a audiencia e información pública entre finales de 2026 y comienzos de 2027. Después, el Gobierno regional podrá elevarlo a la Asamblea de Extremadura.