En un avance significativo hacia la formación y el desarrollo profesional en el ámbito jurídico, la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, y el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, han formalizado un acuerdo de colaboración en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura este miércoles. Este convenio busca establecer sinergias a través de actividades educativas en diversas áreas del Derecho, tanto público como privado, que resulten de interés compartido.

Las iniciativas formativas incluirán seminarios, jornadas y cursos, dirigidos a jueces, funcionarios de la Diputación y personal laboral, así como a los alcaldes y al personal de los ayuntamientos de la provincia. El objetivo es fomentar un entendimiento más profundo de las realidades y competencias de cada una de estas instituciones, lo cual promete beneficiar el funcionamiento público en su conjunto.

Estas acciones educativas no solo están pensadas para enriquecer la formación de los participantes, sino también para elevar la calidad del servicio público que se ofrece a los ciudadanos. Esto incluye un mejor cumplimiento de las normativas y leyes vigentes en cada área de responsabilidad que aborden los profesionales involucrados.

El convenio estipula que la Diputación de Cáceres tiene la obligación de comunicar a los Ayuntamientos de la provincia sobre el acuerdo y las formaciones que se llevarán a cabo, asegurando así que todos tengan acceso a esta valiosa oportunidad. Esto incluye la posibilidad de que tanto la Diputación como sus Organismos Autónomos participen activamente en estas iniciativas.

Con una duración inicial de cuatro años y la opción de prorrogarse por un período adicional similar, el convenio también prevé la creación de una comisión mixta. Esta comisión, compuesta por representantes de ambas instituciones, se encargará de supervisar y coordinar las actividades a ejecutar en el marco del acuerdo.

El presidente Morales ha destacado que este convenio representa una oportunidad única para capacitar a empleados públicos y cargos electos en temas que no suelen estar en su radar diario, como urbanismo, medio ambiente y contratación pública. “El propósito es que esta formación se traduzca en beneficios tangibles para la ciudadanía”, afirmó el presidente.

Morales enfatizó que el objetivo es posicionar a la Diputación Provincial de Cáceres en un lugar destacado en cuanto a conocimiento y formación jurídica. Aunque se prevé que las primeras actividades se realicen en noviembre, la exactitud de las fechas aún está por confirmarse.

Por su parte, María Félix Tena, presidenta del TSJEx, ha subrayado que este pacto abrirá un espacio de diálogo y colaboración entre aproximadamente treinta jueces de todo el país. “Esta diversidad de experiencias y enfoques enriquecerá tanto a los asistentes como al sistema judicial en general,” aseguró Tena, destacando la importancia de involucrar a profesionales locales y provinciales en estas iniciativas.

La finalidad última de este convenio, según Tena, es mejorar el servicio jurídico que la Diputación de Cáceres ofrece, no solo para sí misma, sino también para los ayuntamientos, secretarios y demás personal que se relaciona con la aplicación del derecho administrativo, civil y penal. “Es un paso importante hacia una mayor eficacia en la administración pública”, concluyó.