BADAJOZ, 11 de noviembre.

El sindicato CSIF en Extremadura ha marcado el comienzo de una importante campaña de movilizaciones este lunes, 11 de noviembre, con una concentración frente a la Delegación del Gobierno en Badajoz. Su principal objetivo es "desbloquear" las negociaciones colectivas en la Función Pública y promover mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores públicos de todo el país. Además, han exigido "celeridad y "certezas" en relación a la situación de Muface.

Alrededor de 150 asistentes respaldaron la protesta, donde se pudieron escuchar consignas como 'Gobierno millonario con nuestros salarios', '¿Cómo yo te voy a querer si sigo perdiendo salarios una y otra vez?' y 'No se hace, quedarnos sin Muface'. Benito Román, presidente de CSIF Extremadura, explicó que esta movilización se replicará en toda España y se reafirmará en una nueva acción programada para el 16 de diciembre, señalando la "parálisis" que el Gobierno de España está ocasionando en la negociación colectiva.

Román, en declaraciones a la prensa, subrayó que desde noviembre de 2023 no se ha convocado ninguna mesa general de negociación para tratar los diversos asuntos que afectan a los empleados públicos. Destacó que el Gobierno ha optado por un "silencio ensordecedor" ante las numerosas reivindicaciones planteadas por CSIF, que alertan del deterioro constante de las condiciones laborales, sociales y económicas de cada trabajador público.

Un caso emblemático de esta situación es el de Muface, una mutualidad que se encuentra "en serio riesgo de extinción". El líder sindical reveló que, hace solo una semana, la oferta económica presentada por el Gobierno resultó en la desestimación del convenio para el 25 y 26 de este mes.

"Actualmente, más de 45.000 funcionarios y sus beneficiarios se encuentran en estado de incertidumbre sobre el futuro de su atención sanitaria", comentó Román, refiriéndose a los empleados públicos de la región. Además, desde CSIF han instado al Gobierno de España a que "actúe con sensatez" y presente una oferta económica que sea lo suficientemente atractiva para que el convenio pueda avanzar y las aseguradoras sanitarias continúen prestando sus servicios a los mutualistas.

Román enfatizó que es fundamental no jugar con la salud de los trabajadores y expresó su deseo de recibir noticias del Gobierno con una oferta "atractiva" que permita mantener la mutualidad en condiciones óptimas y mejorar la atención sanitaria que reciben todos sus beneficiarios.

En cuanto a Muface, el presidente de CSIF explicó que actualmente hay garantía de cobertura solo hasta el 31 de diciembre o, como mucho, hasta el 31 de enero. Por ello, piden que el Gobierno aborde esta situación sin más dilaciones, ya que no se puede seguir jugando con la salud de los empleados públicos. "Es crucial que se alcance un acuerdo con las asistencias sanitarias para brindar tranquilidad a esos más de 45.000 trabajadores que viven en la inseguridad", añadió.

Román también exigió que sea el Gobierno de España el encargado de encontrar soluciones o, al menos, que exponga de manera clara su postura respecto a Muface, instando a no dejar que muera por falta de atención, como ha sucedido hasta ahora. Los 45.000 funcionarios afiliados a Muface en Extremadura provienen mayormente de sectores como educación, Administración General del Estado y administraciones locales, donde se permite elegir la asistencia sanitaria al aprobar una oposición.

El sindicato CSIF ha solicitado al Gobierno de España que ofrezca claridad para que los empleados públicos puedan seguir eligiendo la asistencia sanitaria reconocida tras sus oposiciones.

Respecto a la "parálisis" del Gobierno, Román afirmó que la situación va más allá de las negociaciones sobre Muface y que a mediados de noviembre aún no se conoce la subida salarial para 2025. Esta revisión salarial debe enfocarse en que los empleados públicos no sigan perdiendo poder adquisitivo y comiencen a recuperar el casi 20% que han visto mermado desde que en 2010, bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, se redujeron sus salarios.

En este sentido, Román resaltó la urgencia de convocar una mesa general de negociación para abordar la subida salarial para 2025, una medida que debería contrarrestar la pérdida significativa de poder adquisitivo sufrida en los últimos años. "Como dato, en solo 2022 y 2023, la pérdida fue del 5,8%", añadió.

La falta de progreso también está ocasionando la imposibilidad de discutir la estructura salarial de 2010, que busca recuperar el cien por ciento de las pagas extras, así como consolidar una oferta de empleo público para 2025 que no esté limitada por la tasa de reposición. Asimismo, se complica la negociación para lograr una equiparación salarial entre comunidades y sectores.

El presidente de CSIF Extremadura espera que, a través de estas concentraciones en todo el país, el Gobierno "demuestre la dignidad necesaria para sentarse a negociar" la mejora de las condiciones laborales, sociales y económicas de todos los trabajadores públicos.

Por otro lado, Román hizo hincapié en las obligaciones de la Junta de Extremadura, instando a que se sienten a negociar "de inmediato" para cerrar la deuda del 2% correspondiente a 11 meses de 2020, la cual ha sido reconocida pero para la cual el sindicato no acepta el pago en cinco anualidades propuesto de manera unilateral por la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

CSIF espera ser convocado nuevamente a la mesa general de negociación en la Junta para discutir el calendario y la forma de pago de esta deuda. También exigieron la actualización del kilometraje, un tema que han considerado "lamentable" y "vergonzoso", ya que lleva año y medio sin resolverse, haciendo que los empleados públicos que utilizan sus vehículos para trabajar pierdan dinero con cada desplazamiento.

En este sentido, desde CSIF demandan urgentemente que se revalorice el kilometraje de 0,22 euros a 0,26 euros. Román insistió en que la Consejería de Hacienda y Administración Pública tiene que convocar la mesa de negociación a la mayor brevedad posible para ofrecer "certidumbre" y abonar lo que corresponde a los empleados públicos.

La protesta se inició con dos minutos de silencio en memoria de las víctimas de la DANA, a lo que Román dedicó unas emotivas palabras de condolencia y apoyo a las familias afectadas por esta "tragedia" que ha impactado especialmente en el Levante español, y en particular, en la Comunidad Valenciana.