El pasado 26 de diciembre, la Guardia Civil anunció que ha iniciado diligencias de investigación contra cuatro residentes de Mérida debido a su presunta participación en un delito de caza furtiva con galgos. Este lamentable hecho tuvo lugar en la localidad pacense de Llerena, donde la protección de la fauna silvestre se ve amenazada por actividades ilegales.

La denuncia que desencadenó esta intervención se produjo a mediados de noviembre, cuando ciudadanos preocupados alertaron a los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Azuaga y otras unidades de la Compañía de Llerena sobre la presencia de galgueros cazando liebres en terrenos acotados, lo que puso de relieve la necesidad de una vigilancia más estricta en áreas protegidas.

Los sospechosos, según se informó, utilizaron un vehículo todoterreno para acceder a esta propiedad privada, donde liberaron a los galgos que llevaban consigo para perseguir a la liebre. Este tipo de caza, que no solo es ilegal sino que también pone en riesgo la biodiversidad local, requiere una respuesta contundente por parte de las autoridades, como ya había sido solicitado por varios colectivos ambientalistas.

En el marco de las acciones de control implementadas para identificar a los presuntos infractores, los agentes lograron avistar el vehículo en la autovía A-66, dentro del término municipal de Villafranca de los Barros. Esta rápida intervención demuestra la efectividad y el compromiso de las fuerzas de seguridad en la lucha contra la caza ilegal y la protección de nuestro entorno natural.

Una vez identificados los ocupantes del vehículo —cuatro hombres de Mérida que carecían de la autorización necesaria del titular del coto—, la Guardia Civil llevó a cabo una inspección que resultó en el hallazgo de cuatro galgos y una liebre recientemente muerta. La recopilación de estas pruebas evidencia la gravedad de su accionar y la urgencia de abordar estos delitos que afectan gravemente la vida silvestre.

Ante la contundencia de las pruebas y los hechos constatados, los individuos en cuestión han sido formalmente investigados por un delito contra la fauna, específicamente por cazar sin permiso en un área restringida. La información ha sido remitida al Juzgado de Instrucción de Llerena y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Badajoz, lo que indica que las autoridades actúan con seriedad ante este tipo de conductas.

Los implicados se enfrentan a severas consecuencias legales, que incluyen multas de hasta ocho meses y una posible inhabilitación especial para ejercer el derecho de caza durante un período de hasta tres años. Este caso resalta la necesidad de una mayor protección de nuestra fauna y la importancia de hacer frente a la caza furtiva, que pone en riesgo no solo a las especies, sino también al equilibrio de nuestros ecosistemas.