En Mérida, el pasado 25 de marzo, se llevó a cabo una operación policial que resultó en la captura de dos individuos involucrados en una estafa que manipula el sentimiento de urgencia familiar conocido como 'familiar en apuros'. Estos presuntos estafadores, establecidos en Madrid y Benidorm, se enfrentan también a acusaciones de blanqueo de capitales, falsedad documental y usurpación de estado civil.

La investigación se originó a partir de la denuncia de una mujer de 64 años en la Comisaría de Badajoz, quien había sido víctima de un engaño. Los estafadores, haciéndose pasar por su hija, la convencieron de que necesitaba una transferencia urgente de 4.000 euros debido a problemas con su teléfono móvil.

La situación se tornó sospechosa cuando la mujer recibió otra solicitud de 4.985 euros; esto la llevó a investigar más a fondo y descubrir que había sido objeto de una estafa, como confirmaron las autoridades en un comunicado.

Utilizando los números de teléfono y la información bancaria proporcionada por la víctima, los agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de Badajoz se lanzaron a desentrañar el caso. Su minuciosa labor permitió identificar al dueño de la cuenta donde fueron depositados los fondos, un hombre residente en Madrid, quien fue arrestado por sus implicaciones en la estafa y el blanqueo de dinero.

Durante la indagación, también se determinó que el número utilizado para contactar a la víctima pertenecía a un hombre de Córdoba, quien previamente había denunciado usurpación de identidad y, en este caso, se encontraba en una posición similar como víctima de las maniobras de los estafadores.

El teléfono se había registrado bajo una identidad falsa, y el rastro llevó a los investigadores a un locutorio en Benidorm, gestionado por un individuo con antecedentes por causas similares. Los agentes de la Comisaría de Benidorm, armados con esta información, procedieron a detener al responsable por falsedad documental.

Finalmente, los dos arrestados fueron puestos a disposición del sistema judicial tras la elaboración del correspondiente informe policial, destacando la importancia de la colaboración ciudadana en la lucha contra estos tipos de delito.