El próximo lunes, 17 de noviembre, se llevará a cabo en Madrid una crucial reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde el Gobierno dialogará con las comunidades autónomas sobre la estabilidad financiera de las administraciones públicas. Este encuentro es fundamental para la preparación de los Presupuestos Generales del Estado para 2026.

El CPFF, que incluye la participación de los gobiernos central y autonómicos, tiene la responsabilidad de emitir un informe preliminar que guiará la aprobación de la senda de estabilidad, un elemento clave que también influye en cómo las comunidades desarrollarán sus propios presupuestos.

El Consejo de Ministros, tras la reunión del lunes a las 12:00 horas, estará en posición de ratificar el límite de gasto no financiero, conocido como el 'techo de gasto', así como los objetivos de estabilidad y deuda pública que serán presentados a las Cortes Generales. Esta información ha sido confirmada por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La ministra ha enfatizado que establecer la senda de estabilidad es "el primer paso" en el proceso de presupuestación, ya que proporciona una visión clara sobre la capacidad financiera de las diversas administraciones.

Si el Parlamento aprueba la senda de estabilidad para el período 2026-2028, el Gobierno podrá proceder a presentar el proyecto de Presupuestos ante las Cortes. Este proceso es crucial, ya que el año pasado la misma situación se enfrentó a obstáculos significativos, incluido un adelanto electoral en Cataluña que paralizó la tramitación de los presupuestos de 2024.

En este contexto, el Gobierno también se enfrenta a tensiones dentro del parlamento, especialmente tras la ruptura de Junts, que ha advertido sobre la posibilidad de bloquear cualquier iniciativa, incluyendo la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Desde Junts han dejado claro que si el Gobierno intenta recuperar los mismos objetivos de estabilidad que fueron rechazados el año anterior, tendrán que enfrentarse a la misma oposición. La portavoz del partido, Miriam Nogueras, subrayó la necesidad de un reparto más equitativo entre las instituciones, particularmente con las comunidades autónomas.

A pesar de estos desafíos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado con firmeza que su administración continuará avanzando en su “hoja de ruta", tanto si se aprueban como si no los nuevos Presupuestos, hasta el final de la legislatura en 2027.

En el marco del CPFF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha indicado que las administraciones regionales no requieren un aumento en el margen de déficit respecto a lo que había propuesto Hacienda el año pasado, que se situaba en un 0,1% para 2026 y 2027.

La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, que participará en la reunión sin derecho a voto, ha afirmado que sus previsiones apuntan a un equilibrio presupuestario para 2026, sugiriendo que el conjunto del subsector no necesita metas más permisivas.

Los objetivos para la Administración Central están fijados en un 1,8% para 2026 y un 1,5% para 2027, mientras que se espera que los ayuntamientos y corporaciones locales mantengan un equilibrio presupuestario del 0% en 2025 y 2026.

El orden del día del CPFF también incluirá una discusión sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, un tema prioritario en la agenda del Ministerio de Hacienda, que asegura que la nueva propuesta será "positiva" para todas las regiones. El presidente Sánchez ha manifestado su intención de que esta reforma se materialice durante la presente legislatura.

Montero ha mencionado que presentará avances en el debate sobre la reforma de financiación, aunque se espera que los detalles se discutan en futuras reuniones del CPFF.

Con la reciente aprobación del anteproyecto para la condonación de deudas, el Gobierno también busca renovar un sistema de financiación autonómica que ha estado caducado por más de una década.

En este sentido, se ha informado que Hacienda está trabajando en un modelo en el cual los ingresos correspondientes al IRPF, IVA y otros impuestos compartidos se distribuyan equitativamente entre las administraciones. Actualmente, la Administración General del Estado gestiona estos ingresos, mientras que las comunidades reciben una cantidad precalculada sin tener en cuenta la recaudación real.

Hacienda ha señalado que este enfoque ha sido duramente criticado por las comunidades autónomas, por lo que están considerando cambios para implementar una recaudación más simultánea.

Además, se está trabajando para concretar el acuerdo entre PSOE y ERC sobre una financiación singular para Cataluña, aunque aún no se han detallado los mecanismos específicos.

Durante la legislatura anterior, se presentó a las comunidades autónomas una propuesta de reforma del sistema de financiación basada en la población ajustada, respondiendo a las demandas de las regiones menos financiadas. Sin embargo, las elecciones en varias comunidades y a nivel nacional obstaculizaron su avance, a pesar de que algunos presidentes han urgido a Sánchez a abordar la reforma y establecer un fondo compensatorio mientras se trabaja en este nuevo modelo.