El pasado 11 de junio, un grupo significativo de jueces, magistrados y fiscales se unió en una acción de protesta en distintas localidades extremeñas, incluyendo Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia. Este paro de 10 minutos fue organizado por diversas asociaciones del sector, en un claro mensaje de rechazo a las propuestas de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Las organizaciones participantes, tales como la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, se hicieron eco de sus preocupaciones en un manifiesto leído durante la protesta. En este documento, subrayaron que la Constitución española de 1978 establece un marco claro para el Estado de Derecho, destacando la importancia de la separación de poderes y la autonomía del Poder Judicial, elementos fundamentales para salvaguardar los derechos y libertades de la ciudadanía.

El comunicado enfatizó que la independencia judicial es crucial no solo para el funcionamiento de una democracia sólida, sino también para la correcta integración de España en la Unión Europea. Sin embargo, alertaron que esta independencia está en riesgo debido a las recientes propuestas legislativas, que incluyen cambios en la forma de acceso a las magistraturas y reformas del estatuto del Ministerio Fiscal. Estas iniciativas han generado una respuesta contundente por parte de los profesionales del derecho, quienes demandan un compromiso firme con los principios democráticos.

La movilización de este miércoles evidencia la creciente preocupación entre los miembros de la justicia en relación a los intentos de injerencia política que podrían poner en jaque la integridad del sistema judicial. En tiempos donde la defensa de las instituciones democráticas es más vital que nunca, estos profesionales han manifestado su firme oposición a cualquier cambio que amenace su independencia fundamental.