La situación política en Badajoz ha dado un giro inesperado, ya que la jueza Beatriz Biedma, a cargo del Juzgado de Instrucción número 3, ha decidido procesar a varias figuras clave, incluido David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, y Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz y líder del PSOE extremeño. Esta acción se relaciona con la presunta concesión irregular de un puesto en la Diputación, un escándalo que ha levantado serias preocupaciones en torno a la transparencia administrativa.

Con esta decisión, la jueza inicia un proceso judicial que podría culminar en un juicio por delitos como la prevaricación y el tráfico de influencias. La resolución se recoge en un detallado auto de 70 páginas, al que ha accedido Europa Press, y que establece la continuidad del procedimiento abreviado contra los involucrados, incluido Luis Carrero, exasesor de Moncloa, y otros miembros de la Diputación.

Además, la magistrada ha requerido que se envíen las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes acusadoras, otorgándoles un plazo de diez días para que presenten sus solicitudes, ya sea para abrir el juicio oral, presentar cargos o, en ocasiones excepcionales, solicitar más diligencias complementarias.

Esta situación plantea una serie de interrogantes sobre la ética en la política local y la rendición de cuentas, a la vez que se espera una respuesta contundente de las instancias judiciales y políticas implicadas en el caso.