En Mérida, el 14 de mayo, la Junta de Extremadura ha dado un paso importante en la lucha contra la discriminación al comenzar a desarrollar un protocolo destinado a prevenir conductas y actitudes homófobas, lesbofóbicas, bifóbicas y transfóbicas en los centros educativos. Este es solo un componente de un Plan Integral que abordará la educación y la diversidad LGTBI.

Estas iniciativas están diseñadas para ser implementadas en todos los centros educativos de la región, con la visión de forjar un futuro en el que tanto hombres como mujeres respeten y normalicen la diversidad. El objetivo es crear un entorno donde nadie sea juzgado por su forma de sentir, vivir o amar.

María del Ara Sánchez Vera, secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta, enfatizó que estas acciones son una clara manifestación del compromiso del gobierno regional con los derechos LGTBI en cumplimiento de la Ley LGTBI de Extremadura. “Cuando Extremadura avanza, avanza en derechos”, afirmó, insistiendo en que “los derechos se conquistan una vez, pero deben ser defendidos todos los días”.

Este anuncio se producía en el contexto del Pleno del Observatorio Extremeño contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, que tuvo lugar recientemente en Mérida y reunió a representantes de diversas consejerías, diputaciones, universidades, sindicatos y asociaciones LGTBI.

Sánchez Vera destacó la importancia de mantener la continuidad de estos compromisos políticos, reflexionando que “lo fácil es inaugurar; lo difícil es sostener”. Su presencia en este foro evidencia que el observatorio no es un mero símbolo, sino una iniciativa política sólida y necesaria.

Este observatorio, que se reunirá anualmente, tiene la misión de monitorizar la situación de los colectivos LGTBI y garantizar el cumplimiento de la legislación vigente, de acuerdo con la información proporcionada por la Junta de Extremadura.

La secretaria general afirmó que este esfuerzo es parte de “la voluntad colectiva de construir una Extremadura más justa, plural y democrática”, subrayando que “no podemos hablar de democracia plena mientras existan personas que sufren discriminación por ser quienes son o por amar a quien aman”.

Además, Sánchez Vera destacó la “estrecha colaboración” entre la Secretaría General de Igualdad y las organizaciones LGTBI, subrayando que se mantiene un trabajo continuo y fluido para visibilizar al colectivo y defender sus derechos.

Finalmente, informó que entre 2024 y el inicio de 2025, las Oficinas de LGTBIfobia han registrado un total de 57 agresiones, lo que resalta la necesidad de seguir trabajando en la protección y promoción de los derechos LGTBI en la región.