MÉRIDA, 15 de mayo. La tensión entre los sindicatos de la educación y la administración extremeña ha alcanzado un nuevo punto álgido tras la reciente intención de los cinco sindicatos de la Mesa Sectorial de Enseñanza, que incluye a PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT. Esta mañana, los representantes de estos colectivos iniciaron un encierro dentro de las instalaciones de la Junta de Extremadura en un intento por exigir la equiparación salarial de los docentes extremeños con el resto del país.

Según José Manuel Chapado, presidente del sindicato PIDE, la protesta se interrumpió a las 16:15 horas después de que un agente de la Policía Nacional en civil les advirtiera que su acción podía ser considerada un delito, puesto que no está permitido permanecer en las oficinas públicas fuera de su horario habitual.

El encierro, que se llevó a cabo en la Sala de Juntas del edificio conocido como III Milenio, fue motivado por las "serias diferencias" que los sindicatos habían señalado en las negociaciones sobre la homologación salarial de los educadores en la región. Los sindicatos argumentan que es imperativo que la administración local se acerque a la media nacional en cuanto a remuneración se refiere.

De este modo, instan a la Consejería de Educación a presentar una propuesta que se alinee con el Plan de Homologación Salarial Docente ratificado por todos los partidos en la Asamblea extremeña, ya que consideran insuficientes los montos que se han ofrecido hasta ahora.

Chapado ha indicado que, a pesar de haber cesado la protesta en las instalaciones de la Junta, los sindicatos se preparan para organizar nuevas acciones de reivindicación que, según él, no serán del agrado de la administración. En una futura reunión, esperan discutir nuevamente la situación salarial de los docentes, quienes continúan siendo los segundos peores pagados del país, algo que no se solucionará con las mínimas ofertas del gobierno regional, que apenas superan el 1% anual.

Fuentes cercanas a la Consejería de Educación han comentado a Europa Press que el abandono de los locales por parte de los sindicalistas fue una decisión "voluntaria" tras recibir la advertencia del agente de policía sobre las implicaciones legales de su encierro.

Además, el mismo agente se dirigió a la Consejería para notificar a la titular, Mercedes Vaquera, sobre la situación. Acompañando al agente, la consejera se presentó ante los sindicalistas, quienes solicitaban un aviso formal sobre su desalojo; sin embargo, Vaquera les respondió que podían continuar con su protesta si así lo deseaban.

Finalmente, los propios líderes sindicales optaron por abandonar las instalaciones, reiteran desde la Consejería, enfatizando que la decisión no fue forzada.