HORNACHOS (BADAJOZ), 11 de julio.

La Guardia Civil está llevando a cabo una investigación por imprudencia contra el conductor de una cosechadora que, el 4 de julio, causó un devastador incendio forestal en la localidad de Hornachos, donde se quemaron más de 300 hectáreas de monte bajo, cultivos de cereal y dehesas.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) se encuentra al frente de esta investigación, la cual se inició tras el incendio que se declaró en una parcela situada en el término municipal de Hornachos, alcanzando un nivel 1 de peligrosidad.

Las llamas afectaron, además de Hornachos, a las localidades cercanas de Puebla de la Reina, Oliva de Mérida y Retamal de Llerena, donde alrededor de diez personas se han presentado como afectadas por los daños ocasionados.

Para combatir este incendio, se movilizaron numerosos recursos, incluidos tres helicópteros, dos avionetas, un hidroavión, camiones motobombas, así como equipos de agentes del medio ambiente y técnicos especializados. También participaron patrullas de la Guardia Civil, lo que permitió que el fuego fuera controlado esa misma noche.

Las investigaciones en la zona han permitido a los agentes comprobar el origen del incendio, el cual se atribuye a actividades agrícolas realizadas por el conductor de la cosechadora en la propiedad afectada. Durante la investigación, se reveló que el hombre no contaba con la 'Declaración responsable para actividades con máquinas recolectoras', y que además, su vehículo no había pasado la ITV.

Según informa la Guardia Civil en un comunicado, las fricciones metálicas con las piedras del terreno generaron chispas que dieron inicio al incendio.

Por tal razón, se han tomado medidas legales contra el conductor, y las diligencias se han enviado al Juzgado de Instrucción de Villafranca de los Barros.

En este contexto, la Guardia Civil subraya la importancia de seguir las normativas preventivas vigentes para realizar trabajos agrícolas y forestales, tal como se señala en una orden del pasado 6 de mayo publicada en el Diario Oficial de Extremadura, que establece una época de alto riesgo de incendios forestales para el año 2025 y regula las actividades permitidas durante ese periodo.