En Cáceres, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha llevado a cabo una importante operación que ha resultado en la detención de dos individuos y la investigación de otros, bajo la sospecha de estar involucrados en delitos relacionados con la caza ilegal y la falsificación de documentos. Estos actos se centraron en la explotación encubierta de un coto social de caza en la región.

La intervención, denominada 'Waterlife', se inició en noviembre de 2024 tras la detección de irregularidades en la gestión de varios cotos sociales. La investigación comenzó cuando los agentes se dieron cuenta de que un grupo de cazadores estaba participando en actividades cinegéticas con galgos, a pesar de no ser socios registrados, pero sí en posesión de un permiso colectivo dudoso.

Esto obligó a las autoridades a profundizar en el asunto para esclarecer posibles irregularidades en la manera en que se administraba el coto social. A medida que avanzaban las pesquisas, identificaron a cazadores de distintas provincias que presentaron permisos aparentemente válidos emitidos por la sociedad cazadora local. Sin embargo, el Seprona descubrió que estos permisos carecían de legitimidad debido a que los titulares no eran miembros de la sociedad, un requisito fundamental para poder cazar en un coto social.

Además, con el apoyo de agentes de la Guardia Civil de Sierra de Fuentes, se comprobó que se estaban llevando a cabo actividades cinegéticas en áreas donde la normativa regional prohíbe expresamente la caza, como en el caso de la caza de zorzales desde un puesto fijo. Esto resultó en la investigación de seis individuos por presunta violación de la ley de caza.

Las indagaciones también revelaron que la sociedad local de cazadores había inscrito a numerosos 'socios' sin su consentimiento, incluso incluyendo a personas fallecidas desde hacía años. Esto sugería un posible beneficio económico ilegítimo, dado que el coto social operaba como si fuera privado, según informa la Guardia Civil en su comunicado. Las diligencias resultantes ya han sido enviadas a la autoridad judicial correspondiente en Cáceres.

La Guardia Civil, ante estos hallazgos, subraya la importancia de respetar las leyes de caza para asegurar no solo la conservación del entorno natural, sino también la sostenibilidad de los recursos naturales de la región.