MÉRIDA, 19 de septiembre. En un reciente operativo, la Guardia Civil ha iniciado una investigación que involucra a una residenta de La Codosera, un pequeño municipio de la provincia de Badajoz, bajo la sospecha de haber cometido un delito contra la salud pública. Esto se debe a su presunta participación en el cultivo y producción de cannabis sativa, tras descubrirse 44 plantas de marihuana ocultas en un terreno contiguo a su vivienda.

El incidente tuvo lugar el pasado miércoles por la tarde, cuando agentes de la Guardia Civil de San Vicente de Alcántara, en el marco de un operativo rutinario cerca de la carretera ‘El Potril’, detectaron un olor intenso que parecía provenir de la cannabis. La situación llevó a los agentes a actuar de inmediato.

Durante la inspección, los efectivos pudieron confirmar la existencia de una plantación de cannabis en el cercado asociado a la propiedad de la implicada, tal como fue comunicado por la Guardia Civil en un informe oficial.

En el transcurso del registro, que se realizó en presencia de la persona a cargo del cultivo, los agentes encontraron 44 plantas en condiciones óptimas, equipadas con un sistema de riego por goteo. Este sistema estaba conectado a un motor que extraía agua de un pozo cercano, lo que indica una preparación cuidadosa para el cultivo.

Además de las plantas, los investigadores descubrieron también dos cámaras de vigilancia, instaladas con la intención de monitorizar el área y prevenir la intrusión de personas ajenas al cultivo.

Como resultado de estas acciones, la Guardia Civil ha procedido a formular cargos penales contra la sospechosa, que ya han sido entregados a la autoridad judicial correspondiente en el Juzgado de Instrucción de Badajoz.

Este despliegue forma parte de un esfuerzo más amplio conocido como 'Operación Miller', una estrategia policial nacional centrada en combatir el cultivo y tráfico de cannabis. Esta operación busca no solo identificar y desmantelar grupos organizados involucrados en estas actividades ilegales, sino también prevenir su vinculación con otros delitos graves, incluyendo el blanqueo de capitales y la trata de personas.