El pasado 10 de agosto, un episodio notable ocurrió en la autovía A-5, cerca de Santa Cruz de la Sierra, cuando agentes de la Guardia Civil detuvieron un vehículo que circulaba en dirección contraria, generando gran preocupación entre los conductores de la zona. Este coche había accedido previamente a la A-5 desde la carretera autonómica EXA2, también en sentido inverso, lo que multiplicó el riesgo en esta arteria vial clave.

La conductora, una mujer de 44 años, se sometió a pruebas de detección de drogas al ser interceptada, y los resultados mostraron un positivo, según el informe de la Guardia Civil.

Los hechos se desarrollaron en la madrugada del citado día, a raíz de múltiples llamadas al servicio de emergencias 112 alertando sobre la peligrosa maniobra de este turismo en la carretera. La mujer había accedido a la A-5 desde la EXA2, conduciendo en dirección hacia Madrid en los carriles destinados para el trayecto a Badajoz, lo que constituye una grave infracción a las normas de tráfico.

Los agentes de Tráfico, alertados por la situación, iniciaron la búsqueda del vehículo que fue finalmente detenido en el kilómetro 268 de la A-5, donde fue apartado a un lugar seguro para prevenir posibles accidentes.

Tras la detención, la mujer fue sometida a las pruebas rutinarias de alcoholemia y drogas, donde dio negativo en alcohol, pero positivo en sustancias prohibidas. Esto llevó al Equipo de Investigación de Seguridad Vial de Plasencia a abrir un expediente que ahora se encuentra en manos del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Trujillo, que actúa como órgano de vigilancia.

En consecuencia, la conductora enfrenta serias acusaciones bajo dos cargos relacionados con la seguridad vial. Uno de ellos es la conducción temeraria, tipificada en el artículo 380 del Código Penal, que podría acarrear de seis meses a dos años de prisión, además de la posible suspensión del derecho a conducir entre uno y seis años. El segundo cargo es por manejar bajo la influencia de drogas, regulado en el artículo 379.2, con penas que van de tres a seis meses de prisión, multas y trabajos comunitarios, además de la restricción del derecho a conducir que podría extenderse entre uno y cuatro años.