Un nuevo avance en la búsqueda de memoria histórica ha tenido lugar en Cáceres, donde se prevé la localización de alrededor de 27 cuerpos de víctimas de la represión franquista en dos localidades.

CÁCERES, 17 de junio. La Diputación de Cáceres ha recibido una valiosa subvención de 100.000 euros del Gobierno de España destinada a la exhumación de dos fosas comunes situadas en Almoharín y Villamesías. En estas fosas, se estima que podrían encontrarse entre 25 y 27 cuerpos de personas represaliadas durante el régimen franquista.

El trabajo, que se ha financiado con partidas de 50.000 euros para cada municipio, se llevará a cabo en las proximidades de la caseta del peón caminero en Arroyo Molina, donde se cree que yacen diez vecinos de Almoharín. En Villamesías, la investigación se centrará en el cementerio municipal, donde se han fijado en las fosas de la Guerra Civil, en las que se estima que hay entre 15 y 17 personas enterradas.

La información fue anunciada este martes por Zoraida Hijosa, directora general de Memoria Histórica del Gobierno de España, en una rueda de prensa compartida con figuras clave como el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; el director del Servicio de Memoria Histórica de la institución, Fernando Ayala; la alcaldesa de Almoharín, Antonia Molina; y Pedro Díaz, un activo investigador local que ha recopilado testimonios de familiares y testigos de la época.

Hijosa subrayó que esta ayuda forma parte del compromiso del Gobierno por recuperar, investigar y exhumar a los represaliados del franquismo. Aseguró que la Diputación de Cáceres ha demostrado un fuerte compromiso con la memoria histórica y que, gracias al nuevo Real Decreto de ayudas, podrá seguir recibiendo soporte financiero en el futuro.

La directora también hizo hincapié en que el primer Plan Estatal de Exhumaciones 2020-2024 concluyó el año pasado con resultados positivos. En total, se invirtieron casi 20 millones de euros a nivel nacional, de los cuales 1,4 millones llegaron a Extremadura. Este esfuerzo nacional ha permitido más de 700 actuaciones en todo el país, con unas 100 víctimas exhumadas en la región extremeña.

El Gobierno ya está preparando el II Plan de Exhumaciones 2025-2028, con el objetivo de no dejar ninguna fosa sin investigar. En este contexto, Morales expresó la necesidad urgente de esclarecer la verdad y buscar justicia para las víctimas y sus familias, resaltando que todavía quedan numerosas fosas que requieren atención en el país.

Una de las localizaciones críticas es la mina La Paloma en Zarza la Mayor, donde se iniciará una nueva fase de excavaciones, en colaboración con la Universidad de Extremadura, para recuperar los cuerpos de aquellos que fueron asesinados y arrojados a la fosa.

El activismo de la memoria es crucial, y Pedro Díaz representa el espíritu de lucha por la verdad. Este vecino de Santa Amalia lleva consigo una carpeta azul con la información sobre las posibles ubicaciones de las fosas. A pesar de los intentos de revocar la ley de Memoria Histórica, Díaz se siente más motivado que nunca para documentar y dar a conocer la historia ocultada.

Antonia Molina, alcaldesa de Almoharín, ha enfatizado que es un deber moral descubrir y dar digna sepultura a aquellos que han sido enterrados en lugares olvidados, permitiendo a sus familias despedirse adecuadamente.

Respecto a los rumores sobre la derogación de la Ley de Memoria Histórica en Extremadura y la propuesta de una Ley de Concordia, Hijosa aseguró que el Gobierno de España defenderá la legislación vigente, que ha permitido avances significativos en este ámbito. Si se intenta derogar, se llevará el asunto ante el Tribunal Constitucional.

Por su parte, Miguel Ángel Morales reafirmó el compromiso de la Diputación con la protección de la ley extremaña y su firme oposición a cualquier intento de derogación, defendiendo que es un marco justo y necesario para lograr la reconciliación social que España necesita.