En Mérida, el 3 de julio, la Junta de Extremadura ha decidido tramitar un importante decreto de ayudas excepcionales por un total de 28 millones de euros, destinado a las explotaciones ovinas afectadas por el virus de la lengua azul y a los productores de cereza perjudicados por las intensas lluvias. Este texto se presentará como un proyecto de ley en la Asamblea, buscando un respaldo que garantice su eficacia.

Durante la sesión plenaria, todos los grupos con representación, incluyendo al PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura, respaldaron de manera unánime la convalidación del decreto. Sin embargo, los partidos de la oposición solicitaron su tramitación urgente como proyecto de ley para permitir la posibilidad de introducir enmiendas que lo fortalezcan.

Estos fondos, financiados íntegramente por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), tienen como objetivo aliviar las graves dificultades que han enfrentado los ganaderos y agricultores en la región debido a problemas de salud animal y desastres naturales. Anunciadas el 4 de junio en el Diario Oficial de Extremadura, estas ayudas están enfocadas principalmente en mitigar las consecuencias sufridas por el sector ovino en 2024 y las pérdidas de los productores cereceros por las lluvias inusuales del mismo año en diversas localidades como Coria y Plasencia.

Según el decreto, la situación del virus de la lengua azul se clasifica como desastre natural si las explotaciones ovinas han perdido más del 30% de su capacidad productiva. Para este fin, se destinarán 14.640.000 euros, con un máximo de 20.000 euros para cada beneficiario. Por otro lado, los productores de cereza que hayan sufrido una reducción similar en su producción debido a las lluvias recibirán 13.360.000 euros, con un límite de 12.000 euros por agricultor afectado.

Durante su intervención, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, subrayó lo crucial de estas ayudas, resaltando que la Comisión Europea ha diseñado estos apoyos como respuesta a la crisis que enfrentan tanto ganaderos como agricultores. Morán hizo un llamado a la solidaridad para que estas ayudas no se vean desestimadas y lleguen a quienes realmente las necesitan, recordando que el cambio climático ha intensificado estas situaciones adversas.

Morán expresó que la Junta actuó con rapidez y transparencia desde el inicio de la crisis de la lengua azul, asegurando la búsqueda de soluciones como la adquisición de vacunas y la implementación de estas ayudas extraordinarias.

En lo que respecta a las lluvias que han afectado a la producción de cereza, la consejera también insinuó la necesidad de reformar el seguro agrario para que se adapte mejor a las realidades de los agricultores. El decreto no es visto como una medida improvisada, sino como parte de un compromiso más amplio por parte del gobierno de María Guardiola para respaldar al sector agrario extremeño.

El diputado del PP, Bibiano Serrano, aplaudió el esfuerzo del Gobierno regional al asegurar que jamás antes se había movilizado una ayuda de tal magnitud sin costo para la comunidad, al tiempo que advirtió a la oposición sobre la importancia de no retrasar el proceso legislativo, ya que cualquier demora podría traducirse en la necesidad de devolver los fondos a la UE si no se ejecutan a tiempo.

El diputado del PSOE, Eduardo Béjar, por su parte, criticó la temporalidad del decreto, argumentando que llega tarde para los afectados ya que la campaña de cereza 2025 se está cerrando y nuevos brotes de lengua azul están emergiendo en otras regiones. Béjar argumentó que la falta de inclusión de todos los ganaderos necesitados es una falla de este decreto, aunque el PSOE apoyará la iniciativa con la esperanza de poder mejorarla durante su tramitación.

Por su parte, Javier Bravo Arrobas, representante de Vox, puso en tela de juicio la capacidad de respuesta de la Junta, señalando que la situación no es nueva y sugiere la existencia de una falta de planes de contingencia ante desastres recurrentes como la lengua azul y las intensas lluvias.

Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, expresó su agradecimiento por la creación de un decreto enfocado específicamente en ayudar a los afectados, aunque también subrayó la necesidad de adoptar medidas que enfrenten las causas del cambio climático. De Miguel extendió su respaldo al decreto, pero también propuso que se tramitará como proyecto de ley para garantizar que las ayudas realmente lleguen a quienes más lo necesitan.