En un notable giro de los acontecimientos judiciales, la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha dictaminado este lunes que carece de "competencia objetiva" para abordar la causa que involucra al secretario general del PSOE en la región, Miguel Ángel Gallardo, y al hermano del presidente Pedro Sánchez, entre otros nueve investigados.

El tribunal ha decidido remitir el caso al Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, quien se encargará de seguir adelante con el procedimiento hasta su finalización. Este fallo pone de relieve las irregularidades que rodean el aforamiento de Gallardo, el cual, según el TSJEx, no se produjo como resultado de una legítima elección, sino como parte de una serie de maniobras para evitar la justicia ordinaria.

En el auto que se ha emitido, el tribunal expone que no es válido considerar que la adquisición de la condición de diputado por parte de Gallardo se produciera tras su elección en la Asamblea de Extremadura. Al contrario, el tribunal sostiene que existe un patrón de actos diseñados para permitir su aforamiento, con el fin de esquivar la competencia del Juzgado de Instrucción y de la Audiencia Provincial.

Particularmente, el TSJEx hace hincapié en el método apresurado con el que se presentaron las renuncias de cuatro candidatos que antecedían a Gallardo, quienes, curiosamente, lo hicieron en la misma jornada del 19 de mayo, alegando motivos personales y profesionales. Esto, según el Tribunal, sugiere una planificación concertada que favoreció la posición de Gallardo.

En su análisis, el tribunal destaca que estas renuncias se comunicaron de manera unitaria y rápidamente sin el debido tiempo para verificar que eran decisiones personales y voluntarias ante la Mesa de la Asamblea, provocando así una distorsión legal en el procedimiento de sustitución de diputados.

El TSJEx señala que las irregularidades apuntan a que todos aquellos que formaron parte de la candidatura socialista en las elecciones de 2023 manipularon la competencia del TSJEx para beneficiarse en términos de aforamiento, permitiendo a Gallardo acceder a la condición de diputado electo de manera irregular.

El tribunal subraya que el aforamiento debe considerarse como un mecanismo para proteger la independencia institucional, y no como un recurso que se puede usar a placer por ciertos individuos. En su auto, se enfatiza que esta figura legal no debe ser utilizada como una opción de estrategia personal ni como una interpretación ambigua que favorezca a determinados protagonistas políticos.

El TSJEx recuerda que la adquisición de este estatus debe estar fundamentada en una necesidad auténtica para garantizar la independencia y el ejercicio equilibrado de funciones constitucionales, en lugar de ser una simple herramienta para evadir responsabilidades legales.

Al final del documento, se hace hincapié en que el aforamiento no implica una inmunidad ante la justicia, y que cuestionar la independencia judicial de ciertos magistrados respecto a otros es una afirmación que no solo falta a la verdad, sino que atenta contra los principios fundamentales del poder judicial, consagrados en la Constitución Española.

Es importante subrayar que esta decisión del tribunal no es definitiva, y las partes implicadas tendrán la posibilidad de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, abriendo un nuevo capítulo en este caso que ha captado la atención pública y política.