MÉRIDA, 12 Sep. - El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este martes un decreto ley de medidas urgentes que pretende llevar a cabo una serie de iniciativas con el objetivo de promover la justicia social y la redistribución de la riqueza en la región.

Una de las medidas más destacadas es la rebaja en los dos primeros tramos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que impactará principalmente en las rentas inferiores a 22.200 euros. Además, se contempla la bonificación del 100% del Impuesto de Patrimonio, lo cual contribuirá a aliviar la carga fiscal de aquellos con mayores patrimonios.

Por otro lado, se ha decidido reducir el impuesto de matriculación y eliminar el impuesto aplicado a las viviendas vacías que pertenecen a grandes tenedores. También se ha elevado al 30% la deducción de las cantidades satisfechas por el alquiler de vivienda habitual, lo que supondrá un alivio considerable para los inquilinos.

La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha aprovechado una rueda de prensa para dar a conocer estas iniciativas, así como otras medidas adoptadas por su gobierno. Entre ellas se encuentran las ayudas directas a los productores de cereza afectados por las tormentas, medidas de apoyo a los autónomos y un aumento en las subvenciones a las familias con menores acogidos.

Guardiola ha asegurado que la implementación de estas medidas cumple con el programa electoral de su partido y ha destacado la necesidad de tomar medidas urgentes debido al contexto económico actual, caracterizado por una "alta inflación". Su intención con este "primer paquete" de medidas tributarias es aumentar la renta disponible de los ciudadanos de Extremadura y los efectos de estas medidas serán retroactivos a partir del 1 de enero de 2023.

En relación al IRPF, se estima que esta rebaja fiscal supondrá un impacto de unos 39,8 millones de euros en las arcas autonómicas. La reducción de los tipos de gravamen en los dos primeros tramos, fijados en un 8% y en un 10% respectivamente, en lugar del 12,5% actual, beneficiará a todos los contribuyentes, pero su impacto será mayor en aquellos con rentas bajas y medias. Se ha diseñado de forma que los tramos superiores no se vean tan afectados por la bajada.

A modo de ejemplo, aquellos contribuyentes con una base imponible inferior a 20.200 euros podrán ahorrar casi 300 euros al año, mientras que aquellos con ingresos superiores a 60.000 euros percibirán un ahorro de alrededor de 43 euros anuales. Esto muestra claramente el enfoque de esta política fiscal en la redistribución de la riqueza.