El 10 de julio, Cáceres fue escenario de una operación policial que demuestra la efectividad de la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia. Agentes de la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Judiciaria de Portugal, lograron capturar a un hombre que había eludido a la justicia tras fugarse de un centro penitenciario en Salamanca.

La detención se materializó el 8 de julio en Bensafrim, una localidad del municipio de Lagos en Portugal. La investigación previa, que se desarrolló de manera minuciosa, permitió a las fuerzas del orden rastrear el paradero del fugitivo, quien había estado oculto desde su no reingreso a la prisión tras un permiso en 2021.

El individuo, de 47 años, había sido condenado por múltiples delitos y ahora enfrenta cargos adicionales, que incluyen amenazas graves, posesión ilegal de armas y resistencia a la autoridad. Su situación se complicó aún más debido a sus actividades en las redes sociales, donde profería amenazas tanto a funcionarios judiciales como a ciudadanos a quienes consideraba sus enemigos.

En una serie de publicaciones alarmantes, el fugitivo incluso se jactó de sus conocimientos en la fabricación de explosivos, proporcionando instrucciones detalladas que podrían poner en riesgo la seguridad pública. Este comportamiento provocó una preocupación creciente entre las fuerzas de seguridad.

A pesar de la dificultad para localizarlo debido a su sigilo, el análisis de su contenido en línea resultó crucial. Los agentes pudieron extraer información vital que les permitió delimitar la zona donde se escondía, lo que finalmente condujo a su arresto en Portugal.

Tras confirmar su ubicación, se activaron los protocolos de cooperación internacional, resultando en la emisión de una Orden Europea de Detención y una Orden Europea de Investigación. Este proceso de colaboración entre España y Portugal demostró ser exitoso, culminando con la captura del fugitivo el mismo día de su localización.

El detenido fue trasladado al Tribunal Judicial de Évora, donde permanecerá a la espera de ser entregado a las autoridades españolas, quienes continuarán con el proceso judicial correspondiente. Este caso refuerza la necesidad y la efectividad de la coordinación entre los cuerpos de seguridad en la región para hacer frente a la criminalidad transnacional.