En un paso significativo hacia la mejora de la salud pública y la protección ambiental, la Junta de Extremadura ha lanzado una iniciativa destinada a abordar el problema del amianto presente en la región. En una conferencia de prensa celebrada en Mérida, representantes de las consejerías de Economía, Empleo y Transformación Digital, Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, e Infraestructuras, Transporte y Vivienda anunciaron la creación de un censo preliminar de amianto.

Este censo tomará la forma de un mapa interactivo accesible a todos los municipios, facilitando así la identificación y localización de amianto en diversas edificaciones, tanto públicas como privadas. Esta medida tiene como finalidad primordial asegurar la seguridad de la población y del entorno en el que vivimos.

La Junta subrayó que el amianto, que anteriormente se utilizaba en la construcción debido a sus propiedades aislantes y de durabilidad, se encuentra prohibido desde 2002 por sus graves riesgos para la salud humana y el medioambiente. La directora general de Trabajo, Pilar Bueno, afirmó que a pesar de esta prohibición, el material sigue presente en muchas estructuras, lo que exige un control riguroso y su extracción de manera segura.

En línea con las directrices de la Comisión Europea, que requiere a sus miembros la elaboración de censos municipales de amianto, España ha puesto en marcha esta obligación a través de la Ley 7/2022. El censo tiene que mapear la ubicación del amianto y diseñar un plan de acción para su retirada, priorizando aquellos casos que representan un mayor riesgo para la salud, especialmente para grupos vulnerables.

El mapa interactivo será desarrollado por el Centro de Información Cartográfica y Territorial de Extremadura, utilizando imágenes del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, y se espera que tenga una precisión inicial del 70 por ciento. Además, se está implementando una plataforma en línea que permitirá a los municipios registrar sus propios censos de amianto, formando parte del IX Plan de Prevención de Riesgos Laborales 2024-2027. Esta herramienta será especialmente útil para aquellos municipios con limitaciones técnicas, permitiéndoles verificar y completar la información a través de inspecciones.

La Junta también se compromete a lanzar campañas de concienciación sobre los peligros del amianto, fomentando la colaboración ciudadana en su detección. Asimismo, se han aprobado ayudas que cubren hasta el 85 por ciento del costo de la extracción y gestión de residuos de amianto en entornos laborales, con un límite de 20.000 euros por empresa, según se detalla en un comunicado oficial.

Con estas iniciativas, la administración regional reafirma su dedicación a la salud pública y el desarrollo sostenible, además de ofrecer apoyo a los gobiernos locales en la gestión segura del amianto, según resaltó Pilar Bueno durante su intervención.

El propósito de este censo radica en determinar la cantidad de amianto que necesita ser eliminado en la región, evaluar el costo de su extracción y crear espacios de vertedero específicos para almacenar el material que sea retirado, como explicó Germán Puebla, director general de Sostenibilidad de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible.

Una vez que se complete, el censo será enviado a la dirección general de Evaluación Ambiental del Miteco, que lo trasladará a la Comisión Europea para analizar la posible asignación de fondos destinados a la retirada de amianto. Así, la Junta de Extremadura trabajará de la mano con los municipios para facilitarles ayudas en esta tarea, la cual, aunque es competencia local, recibirá apoyo de los fondos europeos, como concluyó Puebla.