MÉRIDA, 6 de octubre. La Junta de Extremadura ha tomado la iniciativa de presentar un conjunto de alegaciones al Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común que ha elaborado el gobierno central.

Es importante recordar que ya en junio, se hicieron alegaciones durante la fase de consulta previa, pero estas no fueron consideradas en la redacción del anteproyecto actual.

Como respuesta a esta situación, el pasado viernes se entregaron nuevas alegaciones, que, según la Junta, son una versión más elaborada y fundamentada desde un punto de vista legal. “Son las mismas inquietudes, pero con un mayor desarrollo jurídico,” precisó la Junta de Extremadura en un comunicado oficial.

El gobierno regional ha manifestado que la normativa propuesta carece del consenso necesario de las comunidades autónomas, un hecho que se evidenció en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en febrero, donde los responsables de Hacienda de varias comunidades gobernadas por el PP presentaron un documento en contra de dicha legislación.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha destacado que lo que el gobierno central denomina "condonación" es engañoso, ya que la deuda no se elimina, sino que se transfiere de un nivel de gobierno a otro. “No es una eliminación real de la carga,” indicó.

Manzano ha señalado también que esta medida es “arbitraria y discriminatoria”, puesto que no se ha tenido en cuenta a territorios como Ceuta y Melilla. Además, alabó que el Consejo de Política Fiscal y Financiera no tiene la competencia necesaria para abordar un tema que requiere una Ley Orgánica respaldada por el Parlamento.

La consejera advirtió que el anteproyecto podría infrigir principios de igualdad y justicia, provocando “serias disfunciones en el ámbito económico y presupuestario”.

En contraposición a lo que consideran una “falsa condonación” de la deuda, la Junta de Extremadura demanda la creación de un nuevo sistema de financiación para las Comunidades Autónomas de régimen común. Esta propuesta implicaría modificar la Ley Orgánica de Financiación y la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para reforzar la autonomía y suficiencia financiera de las comunidades, apoyándose en un consenso construido en foros multilaterales como la Conferencia de Presidentes.

Adicionalmente, el Ejecutivo regional plantea la reestructuración de la deuda, un proceso que ya ha comenzado este año y del cual se espera un ahorro de 20 millones de euros, destinados a la mejora de Educación, Sanidad y otros servicios públicos en la región.