MÉRIDA, 9 de octubre.

Este jueves, el pleno de la Asamblea ha dado luz verde a la controversial propuesta de la Ley de Concordia de Extremadura, impulsada por los partidos PP y Vox. Esta nueva legislación apunta a derogar la vigente ley de Memoria Histórica y Democrática que rige en la comunidad, así como toda la normativa asociada a ella.

La aprobación de la ley se ha concretado con el respaldo de PP y Vox, mientras que las formaciones del PSOE y Unidas por Extremadura han expresado su rechazo de manera contundente.

La votación se realizó después de una intensa jornada de debate donde se abordaron 115 enmiendas parciales provenientes de diferentes grupos parlamentarios. A pesar de los intentos de oposición, todas las propuestas, incluyendo 61 del PSOE y 48 de Unidas, fueron nuevamente desestimadas.

La Ley de Concordia, que comenzará a aplicarse al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, se propone “preservar, mantener y reforzar la concordia, la reconciliación y la convivencia entre todos los extremeños, basándose en los principios democráticos que establece la Constitución Española”.

Aunque su enfoque destaca por buscar la unidad, el texto también reconoce a todas las víctimas de la violencia política, social, del terrorismo y otras formas de persecución que han tenido lugar en la región desde 1931 hasta la actualidad.

Esta normativa se fundamenta en las bases de “verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición”, y aboga por una aproximación que resalte la "objetividad", el “rigor histórico” y el “criterio científico” en los temas tratados.

Además, se garantiza a las víctimas el derecho a participar en actividades de investigación, identificación y exhumación de desaparecidos, así como a preservar la memoria de los afectados y prevenir el conflicto entre ciudadanos.

Asimismo, la ley faculta a la Abogacía General de la Junta de Extremadura para iniciar acciones legales en casos que presenten indicios de delitos relacionados con este contexto histórico.

Otro aspecto relevante es que la Junta se encargará de elaborar un censo de víctimas en la comunidad, acompañado de un mapa de fosas georreferenciado para facilitar la localización de restos y promover la memoria histórica.

Con la aprobación de la Ley de Concordia también se establece la creación de una Comisión Técnica de la Concordia, que deberá estar operativa dentro del año siguiente a la entrada en vigor de la legislación.

Finalmente, los procedimientos que no estén concluidos antes de la implementación de esta nueva legislación quedarán anulados, salvo los casos de exhumación, que seguirán regulándose por la normativa anterior.

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