En un significativo giro judicial, el Tribunal Constitucional (TC) ha decidido rechazar el recurso de amparo interpuesto por diversas comunidades de propietarios en respuesta a la controvertida orden del Tribunal Supremo (TS) que ordena la demolición de la 'Isla de Valdecañas', un vasto complejo urbanístico que abarca 134,5 hectáreas en las localidades cacereñas de El Gordo y Berrocalejo.

Este veredicto unánime, comunicado en el día de hoy, es el resultado de una deliberación del Pleno del TC, bajo la ponencia del magistrado Enrique Arnaldo. Se trata de una postura que reafirma la posición del Tribunal ante la controversia legal que rodea a este ambicioso proyecto arquitectónico, cuyo destino ha estado en la cuerda floja por varias instancias judiciales.

No hace mucho, el TC también desestimó por unanimidad otro recurso presentado por la Junta de Extremadura, que cuestionaba la decisión del TS sobre la demolición del complejo. Este rechazo pone de manifiesto una tendencia sostenida en el campo jurídico hacia la defensa de las normativas urbanísticas existentes.

Los magistrados del TC argumentan que la decisión no infringe el derecho a la tutela judicial efectiva, enfatizando que el demandante no puede alegar la vulneración de sus derechos en relación con la nulidad del desarrollo urbanístico, ya que esta se basa en sentencias anteriores emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Además, los jueces señalan que los derechos a la libre elección de vivienda y a la propiedad inmobiliaria están convencionales a la normativa urbanística vigente, lo que implica que no se pueden ignorar las leyes relacionadas con el uso del suelo en el que se encuentra el complejo.

En relación a la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes, el TC sostiene que la decisión del Supremo no afecta a sentencias previas que ya declararon la nulidad del proyecto, limitándose únicamente a abordar cómo se llevará a cabo la reposición de los terrenos a su estado anterior.

Finalmente, se ha revelado que el Tribunal Constitucional tiene pendiente un tercer recurso de amparo, esta vez presentado por los propios ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo, lo que añade otra capa de complejidad a esta controversia que sigue generando un amplio debate en la región.