BADAJOZ, 14 de mayo. En un desarrollo que ha captado la atención de la opinión pública, la acusación popular ha solicitado una pena de tres años de prisión para David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta solicitud se enmarca en alegaciones de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y nombramiento ilegal, junto con la exigencia de reembolso de los salarios percibidos durante su trabajo en la Diputación de Badajoz.
Según el documento de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, este reclamo proviene de la acusación popular, representada por la asociación Manos Limpias y apoyada por partidos como Vox y el PP. La solicitud está dirigida a la jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, quien deberá considerar la posibilidad de abrir un juicio oral en este caso tan mediático.
La situación se complica aún más para Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE en Extremadura, quien también enfrenta una solicitud de tres años de prisión y la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público durante seis años. Este caso pone de relieve las tensiones políticas actuales y plantea interrogantes sobre la transparencia en la gestión pública.
(Se ofrecerán más detalles en futuras actualizaciones).
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