En una jornada histórica en la Asamblea de Extremadura, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha sido reprobada tras la aprobación de una iniciativa del Grupo Socialista respaldada por Unidas por Extremadura.
Esta propuesta, que recibió la abstención del grupo parlamentario de Vox, logró avanzar gracias a que los votos del Partido Popular no fueron suficientes para respaldar la gestión de la consejera.
El debate que tuvo lugar en la sesión plenaria del jueves 10 de octubre instó a la Junta a impulsar de manera urgente la ejecución de todas las políticas atribuidas a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, debido a la "parálisis constatada" en sus competencias y los "constantes conflictos de intereses" de su titular, generando así la necesidad de que asuma las responsabilidades políticas correspondientes y merezca la "reprobación" de la Cámara.
La decisión final estuvo marcada por el sentido del voto de Vox, el cual se decidió luego de las explicaciones del portavoz popular, José Ángel Sánchez Juliá, sobre la gestión de la consejera, en particular sobre la controversia del pozo ilegal en una finca de secano de su propiedad en Almendralejo.
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, destacó durante su intervención las numerosas competencias que tiene la consejera, incluyendo la agricultura, la ganadería, la industria, la energía, las minas, los fondos europeos, la PAC y el PDR, entre otras.
Para los socialistas, la consejera enfrenta varios desafíos, como la propagación de la 'lengua azul' en la cabaña ganadera, la consideración de estar relacionada con las ayudas para la compra de vehículos eléctricos, y un conflicto de intereses con el regadío de Tierra de Barros.
En sus argumentos, Álvarez mencionó el pozo ilegal en la finca de la consejera, utilizada para regar viñas de secano destinadas a la elaboración de cava, lo cual considera como una falta de decencia política absoluta, ya que la consejera reparte subvenciones que está obteniendo de manera indebida.
Estos hechos llevaron a Álvarez a cuestionar la permanencia de la consejera en su cargo y a interpelar a la presidenta de la Junta sobre los criterios de ejemplaridad en la política.
En defensa de la consejera, el portavoz del Grupo Popular, José Ángel Sánchez Juliá, calificó la propuesta de reprobación como una cortina de humo para ocultar otros temas como el regadío de Tierra de Barros. Además, destacó que la consejera ha actuado aplicando la normativa a una explotación que no es de su propiedad.
En medio de un clima tenso, se señaló la existencia de diputados socialistas con terrenos en la zona de Tierra de Barros, insinuando posibles irregularidades en la gestión de la PAC y la adquisición de terrenos en áreas de regadío.
Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, expresó su descontento con las explicaciones ofrecidas por la consejera sobre el pozo ilegal en su finca, resaltando la importancia de que todo cargo público sea ejemplar y asuma su responsabilidad sin excusas.
De Miguel manifestó su preocupación ante el evidente conflicto de intereses de la consejera, poniendo en duda su imparcialidad en diversas situaciones, lo que generó un intenso debate en la Asamblea de Extremadura.
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