En un notable esfuerzo por combatir el tráfico de vida silvestre, la Guardia Civil ha llevado a cabo la operación Namib, resultando en la detención de cinco personas y la investigación de 18 adicionales en relación a la tenencia y comercio ilegal de especies protegidas. Este operativo ha permitido desarticular una red delictiva de carácter internacional centrada en la explotación de animales silvestres.

Las detenciones han tenido lugar en diversas localidades de la provincia de Cáceres, mientras que la investigación ha abarcado también a individuos en otras provincias como Málaga, Badajoz, Lugo, Ciudad Real, Almería y Madrid. En total, se ha logrado identificar a 18 sospechosos, lo que revela la extensión del problema que enfrenta España en el ámbito de la conservación.

La red desmantelada operaba en múltiples niveles, tanto nacional como internacionalmente, con indicios de que varias especies implicadas procedían de Portugal. Se dedicaban al transporte y comercio de especies listadas en los Apéndices I y II del CITES, lo que significa que su comercio está muy restringido debido a su estatus de amenaza. Esta información fue proporcionada por la Guardia Civil a través de un comunicado oficial.

La operación, que se ha desarrollado a lo largo de más de un año, ha contado con la colaboración de expertos de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la cual es la autoridad responsable de gestionar el convenio internacional sobre especies en peligro.

Sin embargo, el alcance de la operación no se limitó a la provincia de Cáceres, sino que incluyó acciones en otras provincias como Madrid, Málaga, Lugo, Ciudad Real y Almería, donde los esfuerzos se han centrado en abordar esta problemática medioambiental.

La Guardia Civil ha dado a conocer que el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de Cáceres ha liderado estas acciones, marcando un hito en la lucha contra el tráfico de especies vulnerables.

Durante las inspecciones realizadas en una variedad de locales, como tiendas de animales, almacenes y domicilios privados, los agentes lograron incautar alrededor de 30 ejemplares de fauna silvestre protegida. La mayoría de las especies confiscadas fueron aves exóticas, incluyendo loros, guacamayos y cotorras, además de reptiles como tortugas y una suricata, un mamífero que no es nativo de la región.

Las personas detenidas podrían enfrentar una condena de entre seis meses y dos años de prisión por infringir leyes de protección de la fauna y la flora, además de sustanciales multas económicas y la inhabilitación para actividades relacionadas con el comercio de animales. La gravedad de estos delitos es significativa, ya que no solo ponen en riesgo la biodiversidad, sino que también contribuyen al daño de ecosistemas delicados y a la extinción de especies que poseen un gran valor ecológico y cultural.