Este jueves, cientos de estudiantes en Extremadura han comenzado el curso escolar 2025/26 enfrentándose a un contratiempo significativo: la falta de transporte escolar. La situación ha conducido a que muchos padres y familiares se vean obligados a trasladar a los jóvenes a sus centros educativos, generando una notable preocupación entre las familias afectadas.

La crisis en el transporte escolar se relaciona con el conflicto que mantiene la Junta de Extremadura con varias empresas que, según la administración regional, no han cumplido con su obligación de participar en las licitaciones correspondientes a las rutas de transporte. Esta situación ha llevado a la Junta a tomar medidas enérgicas, denunciando a estas compañías por sus acciones, que han desatado una serie de complicaciones en el inicio del curso.

Después de una urgencia en la licitación convocada el martes por la tarde, la Junta de Extremadura logró adjudicar finalmente el miércoles un total de 223 rutas escolares que habían quedado sin asignación. Sin embargo, la realidad en algunas localidades, como La Nava de Santiago, revela que al menos una treintena de estudiantes de ESO y Bachillerato aún carecen de transporte escolar para poder desplazarse al instituto en La Roca de la Sierra, lo que ha obligado a familiares a asumir el rol de transporte. Este problema se ha repetido también en otros municipios, como Cabeza la Vaca.

La consejera de Educación, Mercedes Vaquera, se dirigió al pleno de la Asamblea de Extremadura, explicando que esta situación ha llevado a la Junta a actuar. Denunció a las empresas implicadas, manifestando que no podía ignorar un contexto de "amenazas y presiones" por parte de un pequeño grupo de operatorias que, a su juicio, intentaban manipular los precios del servicio de transporte escolar.

Vaquera anunció que, una vez recopilados todos los datos pertinentes, la Junta procederá a trasladar al ámbito judicial los incumplimientos por parte de algunas de estas empresas. Subrayó que, desde su llegada al Gobierno, han mantenido un diálogo constante y constructivo con el sector del transporte escolar, logrando establecer un acuerdo marco que mejoraba los precios, incrementándolos en una media del 20 por ciento e incluso hasta un 50 por ciento en algunas de las rutas en comparación con las tarifas de 2016.

La consejera enfatizó que la resistencia a participar en la licitación a los precios acordados proviene de un pequeño número de empresas. Aseguró que la Junta de Extremadura continuará procediendo "con responsabilidad y firmeza", gestionando de manera cuidadosa los recursos públicos y defendiendo los intereses de los estudiantes, las familias y las empresas que actúan con integridad y responsabilidad en el ámbito del transporte escolar.