El pasado 6 de agosto, la Junta de Extremadura se pronunció con firmeza exigiendo un tratamiento justo y equitativo para los menores migrantes no acompañados. En su declaración, la institución reclamó "corresponsabilidad y recursos adecuados" para asegurar que estos jóvenes reciban la atención que merecen.

El Ejecutivo regional subrayó su compromiso al afirmar que Extremadura es una "tierra solidaria", que ha honrado los acuerdos establecidos previamente. Sin embargo, también advirtió que afronta serias limitaciones para cumplir con los desafíos que presenta la política migratoria del Gobierno central, que, según denuncian, busca asignar competencias sin proporcionar los medios necesarios.

Las declaraciones fueron realizadas en el contexto de la inminente reubicación de menores migrantes no acompañados que comienza el próximo 11 de agosto, cuando se espera el traslado inicial de ocho jóvenes solicitantes de asilo. La Junta expresó su preocupación por este movimiento, subrayando que la reciente decisión del Gobierno respecto a la capacidad de acogida de la región parece arbitraria y poco considerada.

Además, criticaron el hecho de que el Gobierno haya fijado unilateralmente el número de 344 plazas disponibles para la acogida de estos menores, a pesar de que la "capacidad óptima" en el sistema de protección de la comunidad es de 374 plazas. Esta situación obliga a Extremadura a expandir su infraestructura sin el apoyo necesario.

La Junta también hizo hincapié en la distribución desigual que se está llevando a cabo, señalando que, mientras se planea enviar a 159 menores desde Canarias a Extremadura, otras comunidades como Cataluña y el País Vasco no recibirán a ningún menor. Según el Ejecutivo regional, esta estrategia no solo es injusta, sino que también refleja intereses políticos que priorizan acuerdos de coalición sobre el bienestar de los menores.