El día 6 de junio, el Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha dado a conocer una orden clave: se establecen las directrices para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma (PGEx) del año 2026.

Dicha orden no solo especifica el calendario y los documentos requeridos, sino que también establece un procedimiento claro para la confección del presupuesto correspondiente al ejercicio de 2026.

Desde la Consejería de Hacienda y Administración Pública, se ha afirmado que la divulgación de estas normas representa un “símbolo de la estabilidad y normalidad del Gobierno regional”. Este proceso habitual busca construir unos presupuestos que fomenten el crecimiento sostenible de Extremadura y fortalezcan la tendencia positiva en sectores como el empleo, la economía y las políticas sociales.

Los planes presupuestarios para 2026 se centrarán en implementar acciones concretas que “consoliden la transformación de la región, optimicen los servicios públicos para los ciudadanos, apoyen la conciliación laboral y familiar, y fortalezcan el tejido productivo local”, según un comunicado del Gobierno regional.

La regulación promotora del proceso está dividida en tres artículos. El primero define el alcance de estas normas, el segundo describe la estructura de ingresos y gastos del presupuesto, asegurando el cumplimiento de las metas de estabilidad presupuestaria y control de deuda, y el tercero se ocupa de detallar el procedimiento, la documentación necesaria y los plazos de entrega para la creación del presupuesto.

Además, el artículo 3 abre la puerta para que las oficinas encargadas de los presupuestos puedan presentar propuestas normativas que sean consideradas en el proyecto de ley de presupuestos. Esta norma también prevé la elaboración de un informe sobre el impacto de género de los presupuestos, como manda la Comisión designada por la Ley 8/2011, del 23 de marzo, que aboga por la igualdad entre mujeres y hombres y la prevención de la violencia de género en la región.